Ordenaron un peritaje clave en la causa por el Correo Argentino

El juez federal Ariel Lijo ordenó un estudio técnico para esclarecer si fue abusivo el acuerdo pactado entre el Estado y el Correo Argentino por el pago de una deuda millonaria. Lo que surja de ese análisis será la clave para definir la suerte de la causa penal por la que ya fueron indagados el […]

El juez federal Ariel Lijo ordenó un estudio técnico para esclarecer si fue abusivo el acuerdo pactado entre el Estado y el Correo Argentino por el pago de una deuda millonaria. Lo que surja de ese análisis será la clave para definir la suerte de la causa penal por la que ya fueron indagados el ministro Oscar Aguad, otro funcionario y dos abogados.

La decisión de Lijo de pedir la causa que se investiga en el fuero en lo comercial y disponer este estudio técnico contable es consecuencia del fallo de la Sala II de la Cámara Federal dictado el 21 de agosto, en donde se respaldó el avance de la investigación luego de los planteos de dos de los acusados que sostenían que no hubo delito.

Si bien se avaló el avance de la instrucción y lo actuado por el juez Lijo, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia le encomendaron al magistrado esclarecer cuál fue, en rigor, el perjuicio para el Estado –si lo hubo, porque el acuerdo se cayó– y a cuánto efectivamente ascendió el monto de la quita de la deuda que se estaba negociando. “Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, había dicho la Cámara.

El caso. El Correo Argentino en 2001 dejó de pagarle al Estado nacional el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Por la deuda, se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos. En ese expediente, el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago.

Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, lo objetó por “abusivo y perjudicial” para el Estado: aseguró que la quita implicaba un 98,2 por ciento de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba los 4.227 millones de pesos.

Sin embargo, las defensas cuestionaron esa cuenta. Afirmaron que en los concursos preventivos no se aplican los intereses al capital y plantearon objeciones a las cuentas de Boquín. Para los acusados, la cifra de $70.163.910.895 utilizada por la fiscal del fuero comercial para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado nacional era “absurda”, resultado de un procedimiento “inédito”, marcado por “errores conceptuales y jurídicos”. Y sostuvieron que “el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. oscila entre $528.800.216,35 y $651.321.558,21”, según la tasa de interés que aplique, y por ello “los porcentajes de la quita rondarían el 44% y el 54,5%, pero jamás el 98,87%”.

Mientras en el fuero comercial sigue debatiéndose cómo saldar esa deuda, el dictamen de Boquín generó una causa penal en Comodoro Py en donde el ex fiscal del fuero Juan Pedro Zoni abrió una causa a los funcionarios y abogados que intervinieron en el proceso.

En la causa que cayó en manos del juez Lijo, fueron llamados a declarar como imputados los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo; al ex ministro de Comunicaciones Aguad –hoy a cargo de Defensa– y a Juan Manuel Mocoroa –director de asuntos jurídicos de ese ministerio–. Tras prestar sus declaraciones, las defensas pidieron la nulidad de las indagatorias, y de la causa entera por entender que no había delito. Eso fue lo que rechazó hace unas semanas la Cámara Federal, pero encomendando un estudio clave para esclarecer de cuánto fue la quita que se quiso acordar entre el Estado y la empresa. Aún queda decidir si los que fueron llamados a indagatorias son o no procesados.

Ahora, Lijo dispuso el análisis con peritos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte Suprema de Justicia. Las partes podrán sugerir y proponer sugerencias para la confección del estudio. El resultado será clave para la suerte de la causa, indicaron fuentes judiciales.

El Correo Argentino es controlado por Sideco Americana S.A., que a su vez es controlada por Socma Americana.