Paro universitario: el Gobierno sigue sin cumplir la ley

Un nuevo cuatrimestre se inició en las universidades nacionales del país, pero el gobierno se obstina en desobedecer el mandato del Congreso y de la Justicia. Continúa pedaleando el pago, bajo pretextos que se desvanecen apenas se enuncian. A pesar de la recomposición del 21 por ciento realizada, los gremios docentes y no docentes reclaman que todavía falta un 30 por ciento más para que el oficialismo pueda, de una vez, cumplir con su obligación. En ese marco, en la mayoría de las casas de estudio se cumple este jueves y viernes un paro de 48 horas.

A fines de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme la cautelar que lo obligaba a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Todo parecía encaminarse, porque ya no existen instancias judiciales a las que el Ejecutivo pueda recurrir para evitar destinar los fondos. No obstante, como a la fecha no cumple con el fallo de la justicia, el juez Martín Cormick citó a las partes (representantes de los rectores y del Poder Ejecutivo) para resolver la cuestión. Pero, como era de esperar, nada de eso ocurrió y desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias pidieron realizar una nueva reunión el mes siguiente.

Mientras tanto, los hospitales universitarios (repartidos en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Cuyo) están al borde del colapso. Las becas y el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras están por el piso, y nada invita a pensar a que la situación vaya a mejorar. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, intimaron al Gobierno a cumplir la cautelar bajo apercibimiento de una multa por cada día de demora (que recaerían sobre los funcionarios que administran el área hasta llegar al Presidente) y ya discuten sobre el inicio de una causa penal, porque sostienen que se trata del delito de desobediencia a una orden judicial.

Anselmo Torres, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, señala a Página 12: “La Ley está judicializada. Hasta aquí el Gobierno no ha cumplido; ni siquiera con el acuerdo previo a la decisión de la Corte firmado entre el CIN, el propio gobierno y los gremios. Además del aumento del 21.33 por ciento para salarios y becas, debía destinar un aumento del 20 por ciento para gastos de funcionamiento y 50 mil millones de pesos más para gastos hospitalarios que no cumplió. La audiencia de la semana pasada fue un fracaso porque no proponen nada, más que se caiga la cautelar y una nueva audiencia en un mes. Más mecanismos dilatorios no existen”.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, apunta: “La deuda del gobierno con las universidades crece y pone en riesgo el funcionamiento del sistema, por eso las universidades de todo el país estamos de paro total. Al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se suma la falta de envío de los fondos comprometidos desde junio para gastos de funcionamiento y hospitales. Además todo el sistema universitario está mirando con atención los movimientos que el gobierno haga en relación al presupuesto que presente”.

Atajar el cientificidio

El futuro de la educación pública pende de un hilo porque el gobierno continúa brindando el mismo pretexto de siempre: cuidar el déficit fiscal. Un déficit que protegen de manera arbitraria, porque al mismo tiempo que empujan al cientificidio en Argentina (con las partidas presupuestarias para investigación y desarrollo más paupérrimas desde que hay registro), abren la billetera para nutrir de fondos a otras áreas que juzgan vitales, como inteligencia.

En las universidades del país se realiza el 80 por ciento de la investigación científica. La última gran estocada del gobierno, precisamente, fue contra el Conicet, al comunicar que 375 becarios posdoctorales fueron despedidos al no renovarle su beca. Se trata de recursos humanos muy valiosos que el Estado ha formado, por lo menos, durante la última década y que, en el presente, quedan a la deriva. Frente a esta situación, desde las universidades nacionales buscan estrategias para evitar que la sangría sea peor y barajan opciones para que estos científicos puedan continuar con sus trayectorias y carreras, aun por fuera del Conicet. Detener, en otras palabras, la fuga de cerebros.

Torres lamenta el ajuste en todos los niveles del sistema universitario y científico, y plantea cuál es la hoja de ruta y los pasos a seguir: “El nuevo plenario de rectores y rectoras del CIN será el 4 de septiembre en Bariloche. Estamos evaluando una denuncia penal y si es necesario lo aprobaremos para avanzar en esa línea. En paralelo, con los sindicatos veremos nuevas posibilidades de acción más directa e iremos al Congreso porque en octubre se tratará la Ley de presupuesto”.

El arte del pedaleo

El gobierno continúa con el arte del pedaleo: la dilación para pagar lo que debe se encamina a cumplir un año. Chevalier lo sintetiza de este modo: “El gobierno no ha implementado ninguna política más que el ajuste, que muestra su cara más brutal con los ya 15 mil docentes que han renunciado a las universidades. Tenemos en claro que el gobierno quiere eliminar el sistema universitario argentino tal como lo conocemos y no se lo vamos a permitir”.

A lo largo del tiempo, los pretextos para no pagar se fueron modificando. En una primera etapa, el debate que daba el gobierno giraba en torno a que las universidades eran “cajas negras” o “curros” de la política, por lo que pedían auditorías cuando ya existían. Luego, cuando la realidad demostró la falacia del discurso, las vociferaciones oficiales se orientaron hacia la denuncia de las universidades como “centros de adoctrinamiento ideológico”.

En tercera instancia, para evitar cumplir con sus obligaciones, el Poder Ejecutivo quiso instalar que las universidades públicas estaban repletas de extranjeros. Acusaciones falsas revestidas de números mal interpretados, que lo único que buscaron, una vez más, fue embarrar la cancha.

Mientras tanto, en los pasillos de las universidades nacionales el reclamo es unívoco, sostenido y cada vez más fuerte. Se lee en banderas y en carteles: “Milei cumplí la ley”.