DEBERÁN DECLARAR

Pedirán que los jueces de la Corte declaren en la comisión de juicio político

El oficialismo solicitará que los magistrados del máximo tribunal, acusados en el pedido realizado por el Presidente y los gobernadores, se presenten durante el proceso una vez iniciada la investigación en la Cámara.

Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos. 

Sin embargo, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y emitir dictamen, una vez finalizado el proceso de investigación. 

Luego tendrá dos meses al menos para llevar adelante el proceso y buscar posibles acuerdos parlamentarios que le permitan sumar voluntades para darle continuidad al proceso. 

En ese sentido, Martínez aseguró que se logrará "cada vez más consenso" a medida que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. 

La comisión, presidida por Gaillard, cuenta con 31 miembros: 16 del FdT, 14 de Juntos por el Cambio (JxC) y 1 del Interbloque Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez.

Los aspectos fundamentales del proceso

Fuentes parlamentarias precisaron que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura.

En tanto, las fuentes no descartan que el oficialismo pueda además proponer incorporar al debate de la comisión el pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En ese entonces, Carrió acusó al jurista santafesino de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.

Esa alternativa podría poner a JxC, que ya anticipó su rechazo al planteo formulado por el Presidente y varios gobernadores, en una disyuntiva que, según advirtieron

algunos legisladores opositores, buscaría dividir las posturas en el principal bloque opositor.

En el marco de ese proceso, la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad.