Pérez Esquivel y Nora Cortiñas piden que se enjuicie a los integrantes de la Corte Suprema

El premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, condecorado por su defensa de los derechos humanos en los años más negros de la historia argentina reciente, y la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, son las dos principales figuras de un colectivo que impulsa un juicio por mal desempeño contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cortiñas y Pérez Esquivel forman parte de la Multisectorial por la Democratización de la Justicia, que viene apuntando contra prácticas como el lawfare o guerra jurídica, de la que el Gobierno acusa a la Corte por la persecución sufrida contra exfuncionarios kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy, contra la vicepresidenta de la Nación, y expresidenta, Cristina Fernández.

En momentos en que desde ámbitos judiciales se sostiene una acusación contra la vice que fue rechazada desde ámbitos políticos y de la propia Justicia como otra instancia de lawfare (ver nota en página 2), la Multisectorial -de la que también participan el sacerdote y la asociación Justicia Legítima- presentó un documento en el que enumera diez casos de presunto “mal desempeño” de los integrantes del Supremo, individualmente o en conjunto.

Estas acciones, argumentan los proponentes del enjuiciamiento de la Corte, provocaron “consecuencias en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que garantiza la Constitución Nacional para todos los habitantes del país”.

La declaración de inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura, después de 16 años de vigencia, que derivó en que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tomara también el control de ese cuerpo, es una de las diez conductas cuestionadas por el colectivo. Se trata nada menos que del organismo que decide sobre la designación y remoción de los jueces.

También critican el fallo que determinó la aplicación del beneficio del “dos por uno” para los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última Dictadura Cívico-Militar, y que recibió un contundente rechazo por parte de representantes políticos y sociales de diferentes vertientes y también de organizaciones de la sociedad civil.

Entre los diez puntos mencionados también figuran la no abstención del magistrado Carlos Rosenkrantz, integrante del Alto Tribunal, en decisiones que tenían que ver con empresas a las que representó como abogado antes de acceder a un sitial en la Corte; y la anuencia de los jueces a la “doctrina Irurzun” por la cual se dispuso la prisión preventiva de exfuncionarios del gobierno kirchnerista que encabezaron Néstor Kirchner, primero, y la hoy vicepresidenta, después, entre 2003 y 2015.

“El mal desempeño que da base al juicio político no está definido en el texto constitucional, de modo que el Congreso tiene amplias facultades de interpretación”, argumentaron los autores del documento. “Son las sentencias el factor esencial para el juzgamiento de los miembros de esta Corte, ya que en su contenido es donde se manifiesta su accionar no conforme a derecho, a la esencia de nuestro sistema democrático, y en perjuicio de los intereses de nuestro pueblo. Por ello, se trata de cuestiones de puro derecho sin necesidad de otra clase de pruebas”.

La presentación de la Multisectorial se suma a los conceptos críticos sobre el accionar de la Corte vertidos por figuras del propio ámbito judicial, como el exintegrante del Supremo, Eugenio Raúl Zaffaroni, y el abogado Gregorio Dalbón; y de la política, con la propia vicepresidenta a la cabeza, pero también el presidente de la Nación, Alberto Fernández.