San Nicolás

Piden enjuiciar a tres militares por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Área Militar 132

Se trata Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada. Se les imputa el homicidio de dos hombres, su privación ilegal de la libertad y las tortura.

El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, la elevación a juicio de la causa seguida contra el Coronel retirado Antonio Federico Bossie y los Tenientes Coroneles retirados Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada por crímenes de lesa humanidad. Los hechos investigados ocurrieron en la Sección “San Nicolás” del Destacamento 101 de Inteligencia que funcionaba en el Batallón de Ingenieros de Combate 101, dentro del Área Militar 132.

Los tres militares están imputados como coautores de los homicidios del entonces secretario del Partido Comunista de Pergamino José María Pellita y el militante del Partido Justicialista Julio Omar Di Gangi, sus privaciones ilegítimas de libertad y torturas junto a otras dieciocho víctimas -algunas de las cuales eran menores de edad al momento de los hechos-, el allanamiento ilegal de seis viviendas y el hurto de enseres del domicilio de Di Gangi. Se trata de diez hechos distintos perpetrados entre marzo y septiembre de 1976, en perjuicio de miembros y militantes del Partido Comunista y de la Federación Juvenil Comunista de las localidades bonaerenses de San Nicolás y Pergamino.

La investigación

De acuerdo con el requerimiento de la fiscalía, los sucesos imputados a Bossie, Piccione y Andrada “fueron perpetrados en el marco del plan sistemático de represión y exterminio llevado a cabo por el último gobierno de facto que asumió el poder en nuestro país, a partir del golpe de Estado cívico militar acontecido el 24 de marzo del año 1976”.

En base a las pruebas recabadas durante la investigación, la fiscalía tuvo por probado que Bossie fue trasladado en diciembre de 1973 al Batallón de Ingenieros de Combate de San Nicolás, donde se desempeñó como Oficial de Operaciones (S2) e Inteligencia (S3) hasta diciembre de 1976. El imputado ejercía un alto mando en el Área Militar 132, y era quien impartía órdenes para que sus subalternos las ejecutasen. Por su parte, Piccione revestía el cargo de capitán y ejercía los cargos de Oficial de Logística (S4) y Oficial de Personal (S1), al tiempo que integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101. Finalmente, Andrada fue designado jefe del Destacamento de Inteligencia 101, desde el 1° de enero de 1976.

En su presentación, el fiscal Di Lello señaló: “todas las víctimas eran militantes del Partido Comunista y de la Federación Juvenil Comunista, sufriendo persecuciones, feroces tormentos, encarcelamientos y desapariciones. Varios de ellos, eran apenas adolescentes”. Describió entonces los distintos acontecimientos donde las víctimas fueron privadas ilegítimamente de su libertad, en el marco de allanamientos irregularmente practicados en sus viviendas y el traslado a diversos establecimientos donde permanecieron detenidos y se les aplico tormentos durante interrogatorios para que revelaran la identidad de otras personas con las que militaban.