Gestapo
Piden indagatoria para Vidal y ampliar imputación a Macri, Arribas, Majdalani y Conte Grand
La solicitud también abarca a los participantes de la reunión en el Banco Provincia, y a los ex ministros bonaerenses Federico Salvai y Gustavo Ferrari.
Este viernes Juan Pablo Medina y su pareja, María Fabiola García, con el patrocinio del abogado Cesar Albarracín, realizaron una presentación ante la Justicia para que se convoque a indagatoria a los participantes de la reunión que ocurrió en la sede del Banco Provincia el 15 de junio del 2017, y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en la causa que investiga la Gestapo antisindical.
En concreto, del encuentro participaron los ex ministros bonaerenses Marcelo Villegas, Andrés Grassi y Roberto Gigante, el intendente de La Plata Julio Garro, el senado provincial Juan Pablo Allan, los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Dalmau Pereyra, y los empresarios Ricardo Alconada Magliano, Fabián Cusini, Jorge Oscar del Río, Guillermo Moretto y Bernardo Zaslascky.
También se solicitó la ampliación de la imputación al ex presidente Mauricio Macri, a los responsables de la gestión de la AFI durante el gobierno anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al actual secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, al ex jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, al ex ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand.
En los fundamentos se explica de manera cronológica la serie de llamados, reuniones, anotaciones, visitas y presentaciones judiciales entre los implicados, que han sido publicadas por este multimedio anteriormente, que dan cuenta de un "un complot destinado a encarcelar ilegítimamente a Juan Pablo Medina y a María Fabiola, junto a otros dirigentes sindicales de la UOCRA Seccional La Plata, familiares y allegados".
De esta manera, el escrito explica que estos hecho encuadran en los delitos de "asociación ilícita, falso testimonio agravado, falsificación y uso de instrumento público, espionaje ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y abuso de autoridad". También se agrega la posibilidad de "prevaricato, en modalidad autoría mediata o instigación".
La mesa judicial
“En esa reunión, desarrollada el 15 de junio del año 2017, los intervinientes se pusieron de acuerdo para concretar un complot destinado a encarcelar ilegítimamente a Juan Pablo Medina y a María Fabiola García, junto a otros dirigentes sindicales de la Uocra Seccional La Plata, familiares y allegados. En concreto, acordaron coactuar para generar y manipular supuestos elementos de prueba destinados a lograr el fin cometido, a sabiendas de que los mismos se emplearían luego en forma expresa para justificar las imputaciones penales y las detenciones. Evaluaron y acordaron también durante ese encuentro una mecánica adicional e igualmente compleja, que consistía en provocar al gremio o sus representantes con la finalidad de que se genere como reacción un reclamo, en cuyo contexto se desplegarían actividades de inteligencia y/o procesales dirigidas a acreditar la existencia de supuestos delitos que sustentaran luego los pedidos de detención”, detalla como sustento del pedido.
En ese punto agrega entonces que “el acuerdo contaría no sólo con la participación y actuación directa de los presentes, sino también con el acompañamiento y coordinación de las máximas autoridades a cargo de los Gobiernos Nacional y Provincial, de quienes partía la decisión de encarcelarnos, así como con el compromiso de los jueces y fiscales que habrían de intervenir, sobre quienes se presionaría, influiría o con quienes se acordaría para garantizar el éxito del objetivo propuesto”.
La figura de Vidal
En la solicitud judicial, se deja expresamente señalado que “la dinámica de los hechos no deja margen de dudas de que (Vidal) fue la persona que dio la orden directa para que se comentan los delitos que se vienen analizando y que, desde su altísimo rol institucional, aportó los medios para garantizar el éxito del plan propuesto. Desde la querella estimamos que aquella orden, a su vez, tiene como antecedente una decisión superior del expresidente Mauricio Macri, sobre quien consideramos que debe ampliarse la investigación”.
“María Eugenia Vidal intentó algunas explicaciones públicas sobre los hechos de este proceso. Estimo que debería darlas en el contexto procesal adecuado. Ya marcamos en un escrito anterior las múltiples falsedades e inexactitudes en las que incurrió. Marcó una larvada estrategia de defensa pública basada en tres pilares insostenibles: que el video no servía como prueba, que nadie sabe cómo entraron allí los agentes de inteligencia y que el Pata Medina era un delincuente. Solo marcamos, de inicio, que Juan Pablo Medina no tiene un solo antecedente condenatorio, con casi 70 años de edad y 40 en la lucha sindical”, detalló.
En ese sentido remarcó que “por otro lado, es claro y evidente que los agentes no podían estar allí presentes sin el acuerdo de sus ministros y, además, nadie hubiese podido colocar una sola cámara ni un micrófono si el salón no se reservaba previamente para ello como se lo hizo. En el video se los ve participar y dirigir la reunión en coordinación con los funcionarios provinciales presentes. Y Villegas se refiere a ellos como referentes del Gobierno nacional, lo que marca otra vez el pleno conocimiento de su función y rol”.
Para finalizar, el abogado resume: “Estimamos que los elementos brevemente reseñados la posicionan con toda claridad como jefa de la asociación ilícita que hemos descripto y como coautora de los restantes delitos ya referidos”.