Piden que declaren los diputados que fueron a visitar a Alfredo Astiz

Si el escándalo de la visita a los genocidas sigue escalando, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendrá que dar explicaciones acerca de cómo se franqueó el ingreso a la cárcel de Ezeiza a los seis diputados de La Libertad Avanza (LLA). El abogado querellante Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous pidieron que se inicie una investigación para determinar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) incumplió con las normativas para facilitar la reunión entre los legisladores y el grupo de represores encabezado por Alfredo Astiz. Para ello, quieren que declaren como testigos los diputados que se encontraron con los represores.

El 11 de julio pasado, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta ingresaron a la Unidad 31 de Ezeiza para visitar a los represores que están presos allí. Dos integrantes de ese grupo, Bonacci y Arrieta, dijeron después que habían sido engañadas por Benedit y que ellas no sabían que iban a verse con los torturadores de la última dictadura.

A partir de esas declaraciones, Llonto entendió que se habría violado lo que establece el decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad) en su artículo 8. Allí dice que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta.

Esto quiere decir que el detenido debe saber quién quiere visitarlo y, de esa forma, prestar su consentimiento. Si Bonacci y Arrieta no sabían a quienes iban a ver, mal podrían haber hecho el pedido de autorización para la entrevista. Y menos aún podría Astiz haber consentido el encuentro.

El fiscal Crous también advirtió que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que estable que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario.

El juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que juzgó y condenó a prisión perpetua a Astiz por los crímenes en la ESMA, pidió al SPF que explicara cómo se había gestado la visita del 11 de julio. La respuesta no vino ni de la ministra Bullrich ni del titular del SPF, Fernando Martínez, sino de su número dos, Diego Morel.

La contestación fue elusiva. Solo confirmó lo que se sabía: que el encuentro fue el 11 de julio en la Unidad 31. No dijo ni quiénes eran los diputados o asesores que ingresaron ni con qué genocidas se entrevistaron. Tampoco explicó cómo se había tramitado la autorización para acceder a la cárcel. En chats que trascendieron, Benedit define a Martínez como un “excelente colaborador”, lo que hace presuponer que había un vínculo entre el diputado y el jefe penitenciario.

Después de recibir el informe del SPF, el juez Obligado les corrió vista a las partes para que se pronunciaran. Tanto querellantes como el fiscal pidieron que se investigue si se violaron las normativas para facilitar el cara a cara entre los diputados y los genocidas.

Que declaren los diputados

La querella solicitó que se les tome declaración testimonial a los seis diputados que se encontraron con los represores. Es un grupo variopinto. Hay dos de ellos que rompieron el mandato de guardar silencio: Bonacci y Arrieta. Ambas intentan despegarse. Bonacci dice que se mantuvo distante en la reunión y que dijo que no iba a fotografiarse con los condenados por crímenes contra la humanidad. Arrieta fue más extravagante: dijo que no conocía a Astiz porque nació en 1993 y que después tuvo que googlearlo.

Benedit defendió la excursión en un chat de LLA. Afirmó que los represores son ex combatientes en la lucha contra la “subversión marxista”. Montenegro, que supo ser la mano derecha de Victoria Villarruel en sus primeros meses en el Senado, guardó un estudiado silencio. En el Congreso les apuntan a ellos dos por ser quienes motorizan un proyecto para que los genocidas se vuelvan a sus casas.

Llonto, además, pidió que declaren los funcionarios que los recibieron y el número dos del SPF, Morel. Reclamó que se busque la documentación para ver si pidieron autorización para visitar a los detenidos y si estos dieron su consentimiento, tal como establece el decreto 1136/97. Crous marcó que se puede estar también ante un caso de falsedad ideológica.

El rol de Bullrich

La ministra de Seguridad había justificado la visita de los seis diputados oficialistas diciendo que hay una “construcción de libertad” en el país desde que gobierna Javier Milei. Además, le había atribuido el pedido de informes a Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad de ese tribunal, y lo había acusado de no tratar a los criminales de lesa humanidad con la “misma vara”.

Bullrich viene desde hace tiempo dándoles señales a los sectores pro-impunidad. En la víspera del 24 de marzo, la ministra había dicho que hay militares injustamente detenidos. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado el año pasado que los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para que no hubiese mayores de 70 años detenidos por crímenes contra la humanidad.

Manfroni es un personaje gravitante en esta historia. Es el nexo entre Bullrich y Victoria Villarruel, la cara de la familia militar en el gobierno libertario. Escribió un libro con la actual vice y es uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la organización que Villarruel preside y que se creó para torpedear los juicios contra militares y policías de la dictadura. Integra la comisión para reformar el Código Penal, donde se codea con distintos jueces. Entre otros, con el presidente de Casación, Mariano Borinsky, y la jueza María Eugenia Capuchetti, la magistrada que se resiste a investigar la conexión política con el intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.

El SPF está en el ojo de la tormenta. En los Tribunales existe la versión de que hubo un intento de mudar a los represores que están alojados en la Unidad 31 de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo –destinada íntegramente a detenidos por lesa humanidad. La Unidad 34 tiene mayores comodidades: espacios más grandes, televisor en las “celdas” y hasta canchas de tenis.

¿Por qué no los mudaron? Porque algunos se resistieron, dicen, por la distancia: para las visitas es más accesible el penal de Ezeiza que la guarnición de Campo de Mayo. Además, si alguno de los marinos como Astiz requiriera asistencia extramuros, el Hospital Naval está más cerca de la Unidad 31 que de la Unidad 34.

En el SPF también evaluaron mandarlos a unas casitas que están dentro del complejo de Ezeiza en lo que se conoce como la Unidad 19. La intención del gobierno parece ser que los represores estén cómodos para aplacar las críticas de quienes dicen –como Lucrecia Astiz, la hermana del represor, o Cecilia Pando– que no cumplieron con sus promesas electorales.