Pidieron prisión perpetua para los cinco involucrados en el asesinato de Rafael Nahuel

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió prisión perpetua para los cinco prefectos involucrados en la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, en el marco del juicio que se sigue en la localidad de General Roca, Rio Negro.

En su pedido, la querella aseguró no existió un enfrentamiento armado sino una persecución por parte de los efectivos del grupo Albatros, quienes dispararon en 151 oportunidades utilizando munición letal.

Si bien informó que quedó acreditado que el disparo mortal fue realizado por el efectivo Sergio Cavia, explicó que los cinco desobedecieron órdenes de no perseguir ni disparar a los integrantes de la comunidad mapuche, y sin embargo lo hicieron y dijo, en ese sentido, que existió dolo.

"Es irrelevante quién disparó mortalmente", planteó durante el alegato, y defendió que todos los imputados sean condenados como coautores.

Con motivo del juicio, este martes y miércoles es el momento de los alegatos de las tres querellas -abogados de la familia de Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y la fiscalía.

Luego será el turno de los alegatos de las defensas de los cinco procesados, que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de noviembre. Finalmente, 22 del mismo mes se dará lugar a las palabras finales de los acusados y escuchar el veredicto del Tribunal.

El secretario de Derechos Humanos Pietragalla Corti, presente en el lugar, recordó que conoció la noticia del crimen de Rafael Nahuel mientras participaba del velatorio de Santiago Maldonado, el joven que hace seis años fue encontrado muerto tras una represión perpetrada por la Gendarmería en la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen de la provincia de Chubut. "Fue un impacto muy fuerte", rememoró.

En tanto, Pietragalla Corti consideró que "cada vez que hay un discurso político que habilita la violencia institucional surgen más casos" de ese tipo.

"Lamentablemente -sostuvo- quien paga los platos rotos son los miembros de las fuerzas de seguridad y no los responsables políticos, que siguen su carrera y tienen que rendir cuentas en en la Justicia. Los miembros de las fuerzas de seguridad no se pueden sentir habilitados nunca porque la política pasa y los que tienen problemas judiciales son ellos", destacó.