DERECHOS HUMANOS
Preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias a condenados por crímenes de lesa humanidad
Ante el incremento de estos beneficios, se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados y peritos para analizar cada caso.
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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir.
Los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad.
Según datos del Ministerio Público Fiscal, en los últimos años,
se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más
de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se
encuentra detenida.
En su gran mayoría, la forma de detención es la prisión
domiciliaria (565) y tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un
establecimiento penitenciario.
El control y seguimiento de los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas extraordinarias es uno de los objetivos centrales de esta Secretaría, como lo estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
Con ese propósito se creó en agosto del año pasado un cuerpo
de peritos que participa en las juntas médicas dispuestas ante pedidos de
prisión domiciliaria por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar
el proceso penal.
Este equipo de especialistas interviene en todos los casos en
que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de las querellas
en el resto de las causas.
Desde su conformación, ya ha participado en 147
juntas médicas.
A partir de lo dispuesto por la Ley de Víctimas, la
Secretaría —a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas—
también trasmite a los tribunales la voz de familiares y sobrevivientes del
terrorismo de Estado frente a estos pedidos de los represores.
En el transcurso
del 2022 ya fueron notificadas 628 víctimas o familiares para que se
manifiesten sobre algún pedido de morigeración de pena.
La Secretaría, además, realiza gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar.
Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional.