PRIVATIZACIONES
Privatización de empresas públicas: el gobierno de Milei avanza con un paquete de 59 firmas
El gobierno de Javier Milei impulsa la privatización de 59 compañías estatales como parte de su cruzada contra la “casta política”. El proceso contempla seis mecanismos y tres etapas definidas, con Aerolíneas Argentinas y AySA entre las principales empresas bajo análisis.
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El gobierno del presidente Javier Milei ha puesto en marcha un ambicioso plan de privatización que abarca un total de 59 empresas públicas, las cuales están siendo evaluadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher.
Este proceso forma parte de la estrategia del mandatario para reducir la intervención del Estado en sectores estratégicos y, según su perspectiva, cortar con lo que considera una fuente de recursos para la “casta política”.
Entre las compañías que forman parte de este primer lote se encuentran Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, la TV Pública, bancos estatales como el Nación y el Hipotecario, así como diversas empresas de servicios públicos y sectores estratégicos como energía y comunicaciones.
El gobierno ha definido seis mecanismos para llevar adelante las privatizaciones, que incluyen la venta total o parcial de acciones mediante IPOs, concesiones, cesiones a provincias, cierre o liquidación de unidades, y la asociación con socios estratégicos.
Cada empresa será evaluada caso por caso, considerando su viabilidad y las posibles formas de maximizar la presencia privada.
El proceso de privatización consta de tres etapas: la primera, de "Definición", se centrará en el análisis financiero y el establecimiento de un plan de negocios para cada compañía.
La segunda, denominada "Preparación", incluirá la convocatoria y evaluación de interesados, mientras que la última etapa, la "Ejecución", culminará con la adjudicación y el cierre de las operaciones.
Aerolíneas Argentinas, aunque catalogada para privatización, enfrenta desafíos debido a su actual estructura laboral y financiera, lo que ha llevado al gobierno a considerar la venta de áreas específicas para reducir su tamaño.
AySA, por su parte, busca atraer un operador fuerte que se haga cargo de su gestión.
Este proceso no está exento de controversias, ya que diversos sectores políticos y gremiales han manifestado preocupación por el impacto social y económico de las privatizaciones.
Sin embargo, desde el entorno presidencial aseguran que este traspaso es clave para avanzar hacia una economía más eficiente y menos dependiente del Estado.