Profundizan la investigación por contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia

El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, informó ayer que los nuevos elementos presentados por los denunciantes “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.  

Las pruebas fueron ofrecidas por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en su ampliación de denuncia del 23 de julio de este año.

Los tres funcionarios dieron cuenta sobre el hallazgo en depósitos de la Policía de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investigan el fiscal Navas Rial y el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Javier López Biscayart, al tiempo que aportaron documentación oficial interna que reforzaría dicha hipótesis.

Asimismo, sostuvieron que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma", y que para justificar el desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.

Ahora, al intervenir en la ampliación de denuncia, el fiscal Navas Rial reseñó las nuevas pruebas remitidas por los denunciantes, extendió la imputación oportunamente formulada al entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, “en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”.

"La acción penal que emerge de los hechos descriptos en mi anterior dictamen abarca a los sucesos que ahora se revelarían con más detalle (y con apoyo en nuevos elementos)”, sostuvo el letrado. Por ello, el mismo consideró “que la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”.

Asimismo, el fiscal sostuvo que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la Fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.