Qué incluía el Capítulo 11 del Presupuesto 2026: el recorte que Diputados le volteó a Milei

Se trata de dos leyes clave que durante 2025 tuvieron a maltraer a Javier Milei. Le valieron las movilizaciones más masivas (universitarios) y permanentes (discapacidad) de todo el año que termina y le pusieron un límite al apoyo desmedido de los aliados a cambio de fondos provinciales.

Para las universidades, lo que es de las universidades

La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, a mediados de este año, fue una respuesta al pedido de los rectores de todas las casas de altos estudios públicas para el sostenimiento de esas instituciones.

La ley sancionada hace meses tras dos marchas multitudinarias protege a las universidades de la motosierra mileísta. Básicamente garantiza financiamiento para su funcionamiento, recompone la masa salarial para docentes y no docentes, y permite el mantenimiento de la actividad pedagógica y de investigación que pone al sistema universitario argentino entre los primeros de América Latina.

Su vigencia obliga al Estado nacional a actualizar el presupuesto universitario frente a la disimulada pero continua escalada inflacionaria.

Entre otras cuestiones, ata las partidas de fondos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la suba del dólar, actualiza permanentemente los sistemas de becas para estudiantes y establece una asignación progresiva atada al PBI.

También refuerza la apertura de materias, carreras e investigaciones estratégicas; cubre los costos de gastos operativos, destina fondos para hospitales universitarios, y sostiene las prácticas científicas, tecnológicas y de extensión.

Todo bajo el control la Auditoría General de la Nación (AGN) y demás organismos públicos que supervisan el uso de los fondos, tal como se hizo desde siempre. Lo cual desmantela el argumento del Gobierno sobre supuestos mal manejos de fondos universitarios, estructuras de gastos discrecionales y mantenimiento de actividades políticas.

Envalentonado por su mayoría eventual, el Gobierno intentó derogar esa legislación votada en contra de su voluntad de ajuste. Pero la jugada le salió mal. Esta vez tampoco contó ni con los aliados que le habían votado en general el Presupuesto 2026 de ajuste para las mayorías empobrecidas y de beneficios para las minorías enriquecidas.

Sigue la emergencia en discapacidad

Lo mismo ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso con anuencia de la oposición y de algunos sectores aliados al oficialismo que no hicieron oídos sordos a la permanente presencia en las calles de instituciones y familias de personas con distintas discapacidades.

Esa ley, la 27.793, declara la emergencia en uno de los sectores más sensibles de la sociedad y que, como si fuera poco, fue víctima del mayor escándalo de corrupción del Gobierno, detrás de la mega estafa con la cripto $Libra.

La emergencia en discapacidad que el oficialismo no logró revertir obliga al Estado a garantizar los tratamientos de las personas con discapacidad, actualizar los montos de los profesionales que llevan a cabo sus terapias, subvencionar parte de los transportes especiales y asistir a las instituciones donde son atendidas.

Salud, educación, trabajo y protección social son las áreas clave que el Gobierno debe seguir protegiendo. Esto, sumado al sostenimiento de las pensiones no contributivas y el cumplimiento del cupo laboral, que obliga al Estado a incorporar a personas con discapacidad entre al menos el 4 por ciento de los trabajadores del sector público.

Como el mileísmo no logró anoche darle media sanción a la derogación de esa ley, queda en pie la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue bajo la lupa y queda obligada a informar públicamente sobre la ejecución de su presupuesto, así como también las políticas implementadas en el marco de la emergencia.

Lo más probable es que, para no seguir perdiendo la misma batalla, el Gobierno repita lo que ya hizo: mantener la instrumentación de la ley pero aclarando que no la cumplirá por una supuesta falta de fondos. Esto pese a que las obligaciones que le confiere la legislación fueron ratificadas por sendos fallos judiciales.