BAHÍA BLANCA

¿Quién era el sindicalista fallecido que Vidal pidió encarcelar?

Humberto Monteros, que se encontraba internado en un hospital de Bahía Blanca, murió a causa del coronavirus.

Humberto Monteros es una de las tantas víctimas de la persecución política de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri a los sindicalistas de la provincia de Buenos Aires. Fue el exsecretario general de la Uocra de Bahía Blanca, y murió afectado por Covid-19 tras permanecer internado en un centro asistencial.

Lo particular de las circunstancias de su fallecimiento es que estaba siendo juzgado junto a otros cinco integrantes del gremio en el marco de una causa abierta por el go­bierno de Cambiemos por “presunta asociación ilícita” y “extorsión” a empresarios de la construcción.

El sindicalista se encontraba internado, desde el mes pasado, en el Hospital Interzonal de Agudos “José Penna” de la mencionada localidad bonaerense. Se trataba de un paciente con diabetes, es decir que en el marco de la pandemia de coronavirus era parte de los grupos de riesgo.

Había sido hospitalizado en momentos en los que se llevaba a cabo el juicio oral y público en el marco de la causa que le abrió Cambiemos, según señalaron fuentes judiciales. El debate estaba a cargo del juez del Tribunal Oral Criminal N° 2, Eugenio Casas, que había comenzado el 22 de marzo pasado y que en abril tuvo que ser suspendido por los diversos casos positivos de coronavirus, entre los que se encontraba el fiscal Gustavo Zorzano, uno de los abogados defensores, y el propio Monteros.

La investigación

La investigación empezó de oficio en octubre de 2017 y desde entonces el fiscal Zorzano le tomó declaración testimonial a empresarios del sector de la construcción. En este marco, en enero del 2018 se llevaron adelante allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez y en los operativos fueron detenidas diez personas, entre ellas Monteros.

A fines de febrero del 2018, la jueza de Garantías, Marisa Promé, dictó la prisión preventiva para el exsecretario general de
la Uocra de Bahía Blanca, y otros trece dirigentes.

Tiempo después, en junio de ese año, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la prisión preventiva de los catorce exdirigentes de la Uocra local, detenidos desde enero.

En tanto, en el marco de esta causa, catorce integrantes del gremio fueron imputados, de los cuales siete de ellos ya fueron condenados en juicios abreviados a penas de entre 5 y 7 años de prisión .

“Tenemos que terminar con Bahía Blanca”

Humberto Monteros, exsecretario general de la Uocra de Bahía Blanca, estaba siendo juzgado en el marco de una causa abierta en el gobierno de Cambiemos por “asociación ilícita” y “extorsión” a empresarios de la construcción.

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El sindicalista fue apresado un mes después de que se grabara el audio en el que el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, indicaba en la sede del Soeme en la ciudad de La Plata que por pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal y Mauricio Macri se llevarían puestos a los sindicalistas como él, y a su par platense Juan Pablo Medina.

En el audio del exministro, que fue dado a conocer por diario Hoy, Villegas decía: “Tenemos que terminar con El Pata, tenemos que terminar con El Lagarto Olmedo, tenemos que terminar con Bahía Blanca, tenemos que terminar con Montegrande, tenemos que terminar con Quilmes, con varios de la Uocra y en otros gremios también”.

Allí se indicaba que Macri tenía la voluntad de hacer un solo mandato (algo que evidentemente no fue así) para “dejarle las cosas ordenadas a María Eugenia” (Vidal), dejando muy en claro que en un gobierno en el que se buscaba el beneficio de los empresarios amigos del poder, aquellos que luchaban por los derechos de los trabajadores eran un escollo al que no solamente se debía perseguir, sino que había que eliminarlos a través de métodos persecutorios llevados adelante por la AFI.

El caso de Monteros no se aleja ni un ápice de los métodos utilizados por Vidal para perseguir a los sindicalistas que no le fueran útiles, métodos que comenzaban con denuncias anónimas o investigaciones que los fiscales comenzaban “de oficio”
en juzgados cercanos al macrismo, donde se dictaban prisiones preventivas que lo que buscaban era eliminar el accionar
sindical.