Inminente judicialización
Quiénes van a pagar el impuesto a las Ganancias y cuánto afectará al bolsillo de los trabajadores
La normativa fue aprobada con un amplio apoyo en Diputados, luego de que fuera rechazada en particular en el Senado. El tributo había sido eliminado en 2023 durante la gestión de Alberto Fernández.
;void(0);){kind=link}
Diputados aprobó durante la madrugada de este viernes los proyectos de Ley Bases y el Paquete Fiscal presentados por el oficialismo hace seis meses, lo que implica, entre muchas otras cosas, la reincorporación del Impuesto a las Ganancias a la vida de las y los trabajadores en relación de dependencia.
La reforma fue aprobada con apoyo mayoritario en el recinto de la Cámara Baja tras haber sido rechazada en particular en el Senado: 136 votos a favor, 116 en contra, y 3 abstenciones. En paralelo, se votó la rebaja en los Bienes Personales para los más ricos con 134 votos positivos frente a 118 en contra y también 3 abstenciones.
El impuesto a las Ganancias había sido eliminado en 2023 mediante el Congreso por el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa. No obstante, implicó un duro golpe para las provincias, ya que se trataba de un tributo coparticipable, y desde su disolución, no se generaron mecanismos de recaudación diferentes para fomentar una recuperación —hecho agravado por el factor recesivo de la gestión de Javier Milei—. Es por esto que varios gobernadores estaban a favor de su sanción.
Quiénes pasarán a pagar Ganancias
La medida implica que las y los trabajadores en relación de dependencia que cobren más de 1.800.000 pesos de sueldo bruto ($1.494.000 netos), en el caso de los solteros, o más de 2.300.000 pesos brutos ($1.781.000 netos), en el caso de los casados, deberán pagar el Impuesto a las Ganancias.
Así, unos 800.000 trabajadores que están exentos actualmente volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5% al 35%.
La actualización de este impuesto, según establecieron los legisladores, se realizará cada tres meses durante 2024 y de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 2025.
No obstante, distintos sectores opositores a estas reformas denuncian la inconstitucionalidad de esta reforma, y advierten que será judicializada. Hay por lo menos 70 sindicatos que están dispuestos a presentarse en los tribunales.
Bajo la consigna "El salario no es ganancia", estos sectores lograrían que la demanda tenga un efecto suspensivo de la norma, aunque esto dependerá la mirada particular de cada juez que resuelva.
Por su parte, la CGT adelantó que realizará denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y también ante la Confederación Sindical Internacional.