PRUEBA PILOTO

Realizarán una prueba piloto para avanzar con las visitas de familiares en las cárceles

Tras los motines del fin de semana, el acuerdo lo anunció el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y se estableció la primera visita para el próximo sábado

Tras un conflicto que se inició la semana pasada en diferentes penales de la provincia de Buenos Aires, fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron que “el sábado 7 de noviembre se pondrá en marcha el plan piloto de visitas de familiares de internos en todas las unidades penitenciarias y alcaidías de la Provincia”.

El restablecimiento de las visitas de familiares, suspendidas debido al aislamiento social obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus, motivó el sábado último protestas de detenidos en varios penales bonaerenses. De este modo, en un comunicado el SPB detalló que “la prueba piloto permitirá ajustar detalles para el reinicio de las visitas que se implementará a partir del sábado 14”. Y se aclaró: "La decisión fue producto del acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia que convalidó el protocolo de salud penitenciaria para dar estricto cumplimiento a las normas de bioseguridad para contexto de encierro en el marco de la pandemia COVID-19″.

La semana pasada los presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires volvieron a reclamar para que se reanude el régimen de visitas y que mejoren las condiciones de alojamiento. Las protestas comenzaron el lunes pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde los internos anunciaron una huelga de hambre hasta que atendieran su pedido. Las manifestaciones luego se replicaron en otros complejos carcelarios. Y el sábado los detenidos tomaron los techos de varias unidades.

Tras esa situación, el gobierno bonaerense el sábado llegó a un acuerdo con los presos amotinados. Fuentes penitenciarias le explicaron a este medio que “se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos”.

Antes del acuerdo, se produjeron revueltas en otros complejos penitenciarios, como en la Unidad 13 de Junín, las Unidades 21 y 41 de Campana, la Unidad 40 de Lomas de Zamora y las Unidades 23, 24, 31 y 42 de Florencio Varela. Mientras ocurrían los motines, una serie de videos se viralizaron y se pudo observar cómo los reclusos arrojaron piedras y otros proyectiles, mientras de fondo se escuchaban bombas de estruendo.

El enojo de los presos se acrecentó en las últimas semanas a medida que se fueron flexibilizando las restricciones impuestas en el marco de la pandemia. Uno de ellos se quejó en un audio que se viralizó en las redes sociales: “No puede ser que la gente no respete el aislamiento. Abrieron hasta los shoppings y nosotros no podemos tener contacto con nuestras familias”.

Poco después del inicio de la cuarentena, los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener videollamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares. A través de los dispositivos, en cambio, se coordinaron para protestar en simultáneo y para difundir los disturbios.

La serie de protestas comenzó en la Unidad 24 de Florencio Varela. “Estamos reclamando los derechos que nos corresponden. El Servicio Penitenciario quiso jugar con nuestras familias: dijo que íbamos a tener visitas y cinco horas antes las suspendió. Muchas familias haciendo fila esperaron para entrar a la cárcel y no les importó”, expresó otro de los reclusos, en uno de los videos que grabaron para exponer su disconformidad.

En las imágenes de los videos registrados en la Unidad 42 se observó a los presos atrincherados en los pabellones, armados con facas y cuchillos. “Está todo ‘empalomado’ acá. Queremos visitas de nuestras familias, estamos todos los pibes acá afuera y vamos a ir por todo”, dijo uno de los detenidos. La situación se calmó con la llegada del fiscal Christian Granados y representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, quienes les prometieron soluciones en lo inmediato.