Rechazo a la venta total de represas en Patagonia: senadores proponen límite del 50%

Un grupo de senadores patagónicos de Unión Ciudadana ha propuesto limitar la privatización de las represas hidroeléctricas en la Patagonia a solo el 50% de las acciones. La iniciativa busca modificar el Decreto 895/2024, impulsado por el gobierno nacional, que actualmente permite la venta total de las participaciones de Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina S.A. en las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Según la propuesta, la mitad de las acciones quedaría en manos de las provincias de Neuquén y Río Negro, para asegurar el control local de estos recursos naturales.

Un llamado a evitar el uso de fondos en el pago de la deuda externa

En la carta, fechada el 24 de octubre y dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, los senadores Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate y Silvina García Larraburu enfatizaron la importancia de destinar los fondos obtenidos por esta venta a la mejora de la infraestructura eléctrica en lugar de canalizarlos hacia el pago de la deuda externa. Además, los legisladores remarcaron que, según las leyes nacionales 15.336 y 24.065, las instalaciones hidroeléctricas solo deberían ser concesionadas, no vendidas, en línea con la política de que los recursos naturales pertenecen a las provincias.

Apoyo de los gobernadores y demanda de reinversión en infraestructura

La propuesta de los senadores cuenta con el respaldo de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes están evaluando la posibilidad de recurrir a la vía judicial en caso de que el gobierno avance con la venta completa de las acciones. Los legisladores también exigieron que las empresas concesionarias asuman un compromiso de reinvertir sus utilidades en el mantenimiento y expansión de las represas y que, al finalizar el período de concesión, la propiedad de las instalaciones regrese al Estado.

El Decreto 895/2024, que actualmente está en proceso de implementación, otorga un plazo de 180 días para que se convoque a un concurso nacional e internacional destinado a privatizar estas participaciones.

La iniciativa gubernamental ha generado preocupación entre los sectores políticos y sociales de la región, quienes ven en esta venta una amenaza para el control local y la soberanía sobre los recursos hidroeléctricos de la Patagonia.