Reclaman justicia a 4 años de la explosión de una planta de agroquímicos en Mercedes

Ya pasaron cuatro años desde la explosión ocurrida en la planta de agroquímicos de la empresa Sigma Agro en el paraje La Verde, del partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Los vecinos denuncian que todavía no se finalizaron las tareas para reparar los daños causados por el siniestro, mientras que dos personas, el presidente y el apoderado legal de Sigma Agro, se encuentran imputadas por infracción de la Ley de Residuos Peligrosos.

Además de la contaminación -cuyo alcance todavía no está claro para la población-, una semana después de la explosión falleció en el hospital Rubén Ponce, de 42 años, quien cayó en una zanja con líquido derramado durante el hecho, lo que le generó quemaduras en todo el cuerpo.

"Limpiaron, rellenaron con tierra y plantaron césped y árboles; pero nada verdea y los árboles centenarios de las zonas aledañas se siguen muriendo, por lo que pensamos que la tierra sigue contaminada. Además, hace muchísimo que no se realiza una medición del suelo ni del agua", contó Martín Barros, vecino del Paraje La Verde.

La explosión ocurrió el 27 de septiembre de 2019 cerca de las 4.30 de la mañana en la planta de la empresa Sigma Agro S.A, ubicada sobre la ruta 42, que era de categoría 3 y funcionaba desde 2014.

En octubre de ese año, un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes había difundido que las autoridades del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) "tomaron diversas muestras, siendo que los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican que se trataría de biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto".

Según la Ley 11.459, y su decreto reglamentario 1741/96, las empresas que quieran radicarse en la provincia de Buenos Aires deben cumplir una serie de requisitos y, en el caso de la categoría 3, realizar un estudio de impacto ambiental que debe ser presentado ante el Municipio y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para que se le otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental.

En lo que va de la investigación, la fiscalía determinó que la empresa no había cumplido ninguno de estos requisitos.