Reclamo ante La Haya y ofensiva diplomática: la estrategia frente a la proscripción

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, viajó este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar la persecución política, judicial y mediática desatada contra la expresidenta y actual líder del PJ. “La lucha será global”, anticipó Gregorio Dalbón, al confirmar que se activarán todos los mecanismos de revisión internacional disponibles. En paralelo, el Partido Justicialista puso en marcha una ofensiva diplomática a través de su Secretaría de Relaciones Internacionales, que ya articula con los principales referentes del progresismo regional y del mundo. Con el antecedente brasileño como espejo, el PJ se mira en la experiencia de Lula para coordinar sus próximos pasos y llevar la denuncia por la proscripción la arena internacional.

La encrucijada política que abre la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner reactivó en el peronismo su histórico reflejo internacionalista, guiado por una de las máximas del pensamiento de Perón: “La verdadera política es la política internacional”.  El objetivo es proyectar el reclamo más allá del escenario local y avanzar con presentaciones formales ante los principales organismos multilaterales. No se trata solo de visibilizar el caso a nivel global, sino de advertir sobre el deterioro institucional que implica la exclusión de la figura central de la oposición del proceso electoral. “Estamos viviendo una situación muy similar a la de otros países latinoamericanos, a la que todos califican como 'gobiernos dictatoriales'. En pleno proceso electoral van a proscribir a la candidata más importante que tiene la oposición”, denunció la senadora Juliana Di Tullio desde la sede del PJ nacional.

El lunes, en la histórica sede de Matheu 130, las distintas tribus del peronismo se reunieron para definir una hoja de ruta común frente a un escenario que ya anticipaban adverso. Aunque aún faltaban 24 horas para que se conociera el fallo que inhabilitó de por vida a Fernández de Kirchner y la condenó a seis años de prisión, una voz del Instituto Patria pidió  “unificar las iniciativas” y evitar movimientos individuales que pudieran diluir el impacto político de la respuesta, según pudo reconstruir este diario. La consigna fue clara: concentrar esfuerzos en una estrategia internacional coordinada, capaz de reunir pronunciamientos de los principales líderes progresistas del mundo.

La responsabilidad de articular esa ofensiva diplomática recayó en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PJ, a cargo de Gustavo Menéndez, que ya comenzó a activar contactos con dirigentes y gobiernos dispuestos a pronunciarse. Al cierre de esta edición, la confirmación de la condena había sido comunicada formalmente a mandatarios como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, y se habían iniciado gestiones con líderes de peso global como Vladímir Putin y Xi Jinping. En el caso brasileño, el canal privilegiado es el Instituto Lula, pero también existe un vínculo directo con el canciller Celso Amorim, quien mantiene informado al presidente sobre cada paso. Este miércoles, a las 16, los referentes del área internacional volverán a reunirse en la sede partidaria para afinar la estrategia regional y global.

En paralelo, el Instituto Patria organiza para este viernes una actividad internacional junto al Instituto La Boétie de Francia: un conversatorio abierto sobre persecución política, judicial y mediática contra CFK. El encuentro se realiza en articulación con el movimiento La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, y contará con la participación de Sophia Chikirou, diputada nacional francesa.

El reclamo internacional

“La lucha continúa. Y será global”, escribió Dalbón en su cuenta de X apenas se confirmó la condena. “El fallo no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad. No tiene legitimidad jurídica ni moral”, agregó. Por eso, anunció que se activaron los principales canales de revisión internacional: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la propia Corte Penal Internacional y cada foro jurídico multilateral donde todavía se defienda el Estado de Derecho. El planteo, subrayó, no es solo en defensa de la ex presidenta, sino de la democracia como sistema. “Cuando un poder judicial deja de proteger a los inocentes para servir al poder, lo que está en juego no es solo la libertad de una persona: es la salud misma de la democracia”, concluyó.

Con las instancias de apelación ya agotadas en la Justicia argentina, el plano internacional adquiere un peso decisivo en la estrategia jurídica del peronismo. Así lo explicó el abogado Carlos Beraldi, al detallar que la condena impone dos sanciones: una pena de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A pesar de las arbitrariedades denunciadas durante el proceso, ambas sanciones quedaron firmes y sin posibilidad de revisión interna, lo que —según afirmó— obliga a recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. “La manera de impugnarla sería ante la Comisión Interamericana, que cuenta con mecanismos que permiten un tratamiento más rápido que otras instancias”, sostuvo. En caso de obtener un fallo favorable, podría presentarse un recurso de revisión en la Argentina que habilite la aplicación inmediata de la resolución internacional y deje sin efecto la proscripción.

Beraldi advirtió, que los tiempos del proceso son un factor clave. A su entender, quienes promovieron la “arbitrariedad judicial” sabían que lograrían excluir a Cristina del escenario electoral, al menos durante un tiempo. “Lo más grave —lamentó— es que esto va a derivar en una sanción internacional contra la República Argentina. Y, en definitiva, por culpa de funcionarios que no cumplen con sus deberes institucionales, es el país el que termina siendo castigado” se lamentó. Aunque escrito que difundió la Corte da cinco días hábiles a la ex presidenta para cumplir la condena, Página12 supo que el abogado recomendó no abandonar la calle.

Los primeros pronunciamientos

La ratificación de la condena también activó una ola de reacciones en el plano internacional. El Grupo de Puebla —que reúne a expresidentes y referentes del progresismo iberoamericano como Dilma Rousseff, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper— fue uno de los primeros espacios en repudiar la sentencia. “La justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política. Nuestro respaldo total y absoluto a @CFKArgentina”, publicaron en X. En dialogo con este diario uno de sus líderes aseguró que el seguimiento de las repercusiones es constante: “Lo estamos siguiendo minuto a minuto” y agregó: “Vamos a acompañar la denuncia internacional, y si ella decide apelar ante la CIDH, vamos a estar ahí”.