Renegociación con Ausol: la Justicia aceptó demanda del Gobierno y la declara nula

La Justicia aceptó la demanda del Gobierno y declaró nula la renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte con la empresa Autopistas del Sol (Ausol) firmada por la gestión de Mauricio Macri en 2018, mientras se espera que se expida sobre un reclamo similar planteado por el Ejecutivo en relación al Acceso Oeste, actualmente a manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO) también en el marco de pautas fijadas por la administración de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, dijo que “la Justicia aceptó la demanda para que se declare nula la renegociación de 2018 con la concesionaria Ausol" y recordó que el mismo camino iniciaron en relación a la concesión del Acceso Oeste.

“El gobierno anterior reconoció una deuda y una tarifa dolarizada, que garantizaban ganancias extraordinarias a estos grupos económicos”, remarcó Katopodis al dar cuenta de la decisión de la Justicia de dar lugar a la investigación. El mismo ministro aseguró que se podrá "desarmar este negociado" encabezado por la administración de Mauricio Macri. también recordó: "Solicitamos también medidas cautelares que restituyan al Estado la administración de los accesos Norte y Oeste”.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativa Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa presentada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que interpuso una demanda para declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación ratificado por el mismo con Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios.

Por instrucción expresa del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 633/2022, se interpuso una acción de lesividad en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y de los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Estas acciones tienen como objetivo que se declaren nulos los acuerdos integrales de renegociación que establecían una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de las concesiones por 10 años. Además, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 veces en el Acceso Oeste perjudicando a los argentinos y argentinas.

Anticipando la situación es que el Ministerio de Obras Públicas solicitó a la Justicia con carácter urgente el dictado de medidas cautelares inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854), a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de los accesos Norte y Oeste.

Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Obras Públicas se hizo cargo de la administración de rutas y autovías en todo el territorio, con el objetivo de seguir recuperando el rol central de Vialidad Nacional en la Argentina.

Acuerdos 2018

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.).

Ahí se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.

También se acordó, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria. Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores. 

A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000.

Además de todo esto las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio de ambos Accesos. Entonces en los acuerdos se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos, no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.

También es muy importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público de ambas Concesionarias.