Renunciaron quince funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social

Tras las compras de emergencia cuestionadas

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social, quien había quedado expuesto luego de que se diera a conocer la compra de alimentos destinados a comedores con sobreprecios. Junto a él también renunciaron todos los funcionarios que dependen de su secretaría, completando un total de quince renuncias, en lo que representa una fuerte señal dentro del Gobierno al escándalo desatado, tras la firme advertencia del Presidente de que no “apañaría corruptos” en su gobierno. 

El secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, fue identificado como el primer responsable de la operatoria en la que se compraron fideos, azúcar, lentejas, aceite, harina y leche en polvo a valores por encima de los “precios testigos” fijados por la Sigen. El mismo Arroyo admitió el lunes que, “en el caso de azúcar y aceite, los precios están por arriba de los precios fijados”, alegando que habían pedido rebajas pero que las empresas “se plantaron”. Uno de los casos más resonantes fue el del aceite, comprado a la empresa Sol Ganadera a $157,80 la unidad de 1,5 litros, mientras que el producto puede encontrarse en Precios Cuidados a $98. En total, la compra de emergencia de alimentos destinada a los comedores y merenderos golpeados por la pandemia fue de más de 530 millones de pesos.

Tras Calvo, los renunciados son Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica; Fabio Frega, coordinador de Planificación de Abordaje Integral; Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano, Ana Barcheta, directora Nacional de Emergencia; Carolina D´Ambrossio, coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa; Florencia Plano, directora de Asistencia Crítica; Agustina Brea, directora de Asistencia Institucional; Gastón Lasalle, directora Nacional de Gestión y Asistencia Urgente; Cristian Escudero, director de Ayudas Urgente, Victor Oviedo, coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales, Ignacio Sabaini, coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes; Gabriel Giurliddo, director de Talleres Familiares y Comunitarios; Federico Ludueña, director Nacional de Articulación Social y Productiva; y Gustavo Cassieri, director de Asistencia para Situaciones Especiales. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon que a ninguno de estos funcionarios de segunda línea se les pidió la renuncia, reconociendo que hay entre ellos “gente valiosa y de gran trayectoria en la función pública”.  

Efectivamente, según informaron desde el Ministerio de Desarrollo, se realizó una revocatoria de la compra de azúcar y aceite -los productos con más diferencias de valores- y en los próximos días se abrirá un nuevo proceso licitatorio. “Se va a modificar el circuito administrativo que tiene el ministerio. La idea es abrir las licitaciones para que participen todas las empresas que quieran porque aquella compra, al ser de emergencia, no había sido una licitación abierta, sino una compulsa de precios en la que participaron once empresas de alimentos y de lácteos”, indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. 

Calvo ya había sido removido de su cargo el año pasado por el intendente Mariano Cascallares, luego de que se difundiera a través de las redes sociales un video en el que aparecía supuestamente recibiendo un soborno de la empresa de seguridad “Líderes”. “La Justicia desestimó la denuncia, nunca se avanzó en el proceso porque no encontraron irregularidades”, sostuvieron desde el Ministerio de Desarrollo Social. Además de su cargo en la secretaría de Almirante Brown, Calvo había formado parte del equipo de Alicia Kirchner cuando ella era ministra de Desarrollo Social. 
Las empresas que participaron de la compra se encuentran Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL, muchas de las cuales ganaron decenas de licitaciones en los últimos años. En respuesta a algunas de las críticas por el cobro de precios que superaban los “precios testigos”, el Grupo L -un conglomerado de empresas que participó de la licitación- emitió un comunicado en el que indicaba que ellos habían sido “invitados” por el Ministerio de Desarrollo Social para participar de la licitación y que el valor cotizado de los productos había sido definido en base a un contexto de escasez y debido al “costo de implementación de una logística de emergencia”.

Como respuesta al escándalo generado, el gobierno emitió un decreto que estableció que en todos los procesos de compra “en los que se hubiera realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento”, se procederá a pagar “exclusivamente hasta el monto correspondiente respetando los precios máximos”. La decisión entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.