Reparación histórica en Salta: 18 víctimas indígenas de trabajo forzado recibirán $36,5 millones

En una decisión sin precedentes por su alcance económico y simbólico, la Justicia Federal de Salta homologó un acuerdo de reparación para 18 víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Los trabajadores, pertenecientes a las comunidades originarias El Cañaveral y San Luis, fueron sometidos a condiciones de semiesclavitud en una finca ubicada en el paraje Tonono, en Santa Victoria Este.

El convenio, aprobado por el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas de la Cámara Federal de Apelaciones, contempla el pago de 36 millones de pesos, más un ajuste de medio millón por inflación, suma que deberá distribuirse en partes iguales entre las víctimas en un plazo de 90 días. El acusado, Jesús Isauro Erazo, se comprometió también a cumplir tareas comunitarias durante seis meses en un hogar de ancianos de Tartagal, en un gesto que busca reforzar su responsabilidad social.

Según lo reconstruido en la causa, los hechos ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2023. Las víctimas fueron captadas mediante falsas promesas de empleo en tareas rurales, y trasladadas en una camioneta a una finca conocida como “Los Chilenitos”. Una vez allí, quedaron atrapadas en un régimen de servidumbre: dormían en campamentos improvisados, trabajaban a temperaturas extremas, no tenían acceso a agua potable y solo recibían un plato de comida diario, que además era descontado del salario prometido.

Ninguno de los trabajadores cobró lo acordado y fueron intimidados para no abandonar el predio. La situación se tornó insostenible cuando uno de ellos sufrió complicaciones de salud. El 18 de diciembre, tres obreros lograron escapar y alertaron a una comunidad vecina. Ese mismo día, una denuncia anónima al 145 activó el rescate de Gendarmería Nacional, que constató la gravedad de las condiciones.

La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo del caso, sostuvo que aunque había pruebas suficientes para llegar a una condena, los mecanismos civiles tradicionales podrían no garantizar una reparación efectiva, dadas las limitaciones económicas del acusado. En esa línea, se apeló al Protocolo de Palermo para avanzar en una salida alternativa. La vía penal podrá reactivarse en caso de incumplimiento del acuerdo.

El defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, respaldó la decisión: “No se trata de impunidad, sino de justicia concreta y alcanzable”, afirmó, destacando que la voluntad de las víctimas fue central en la resolución del caso.

Este fallo marca un hito en la lucha contra la trata laboral y la reparación de daños en contextos de vulnerabilidad estructural, como los que afectan a las comunidades indígenas del norte argentino.