Repudio y sospechas tras la suspensión del sistema de reconocimiento facial del gobierno de Larreta

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) utilizó el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos para acceder de forma irregular a los datos biométricos de 7.000.000 de personas, entre las que se destacan el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia; las referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y Hebe de Bonafini; dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y Patricia Bullrich; jueces de la Corte; fiscales federales; y empresarios como Héctor Magnetto y Paolo Roca, entre tantos otros.

Según la Justicia, el acceso a esa información fue a través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que se firmó en 2019, es decir, durante la presidencia de Mauricio Macri, y solo le permitía al gobierno porteño acceder a los datos de un universo de poco más de 40.000 personas o por requerimientos judiciales puntuales.

Según el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, fueron recapturados unos 2.000 prófugos. Pero no revestían tal condición ante la ley los antes mencionados Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia; como tampoco el hombre fuerte el Grupo Clarín, Héctor Magnetto; Estela de Carlotto, Eduardo Belliboni, Sergio Berni, el camarista Roberto Boico, los fiscales Gabriela Boquín, Carlos Stornelli y Franco Picardi; Myriam Bregman, Alejandro Bulgheroni, Patricia Bullrich, Viviana Canosa, Elisa Carrió, Eduardo Constantini, Eduardo de Pedro, entre otros tantos.

En ese marco, uno de los damnificados por este uso del sistema, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le dijo a este multimedio: “Estamos frente a ofensivas ideológicas y mediáticas, situaciones que tienden a una persecución política, a violación del derecho a la intimidad, es seguimiento, es todo lo que está mal. No puedo creer que en este nivel estén buscando estigmatizar a dirigentes gremiales y sociales, están violando todas las libertades democráticas”.

“No me llama la atención porque vienen de reprimir una protesta de trabajadores del cine, de suspender y amenazar compañeros por participar de movilizaciones. Realmente este campo represivo persecutorio merece todo nuestro repudio. Hay una Policía de persecución a los dirigentes que nos tienen acostumbrados desde Mauricio Macri porque de hecho estoy dentro de las escuchas ilegales en la causa que se tramita en Lomas de Zamora, así ya nada me sorprende”, relató.

“Este era un problema muy serio”

Desde la fundación Vía Libre, quienes cuando comenzó el debate en la Legislatura porteña cuestionaron la puesta en marcha del sistema, celebraron la decisión del juez Gallardo.

En declaraciones a este multimedio, Beatriz Buseniche, integrante de la organización que promueve y defiende los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, consideró: “Celebramos la emisión de la cautelar, el juez Gallardo hizo un trabajo muy riguroso, era la única salida en un momento donde hay control del sistema de reconocimiento y están bloqueados los accesos a la información porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería haber entregado la información a la Defensoría del Pueblo pero no lo hizo nunca. Debería haberse conformado una Comisión parlamentaria de seguimiento que tampoco se constituyó, es decir, esto era un problema muy serio porque no se puede permitir que el sistema se utilizara sin el debido control ni sabiendo cómo funcionaba”.

“Lo que sí nos preocupa es el hallazgo de las listas sobre las cuales se ha pedido información al Renaper, y estamos esperando lo que surja de los allanamientos que realizó la Justicia para tener más información pero nos da pauta que puede haber sucesos espurios en el uso del sistema”.

Consultada por la reiteración de pedidos de información de determinada persona en un centenar de ocasiones, como es el caso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Buseniche indicó: “Eso es un misterio, no tengo la respuesta pero espero que el juez logre investigar eso”.

Los fundamentos del juez   

En el fallo de 118 hojas, el juez Roberto Gallardo recuerda que “el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA solo podría extraer tales datos siempre y cuando se trate de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia”.

Hay un dato adicional, consignado por el magistrado, que añade más opacidad al asunto: “Los pedidos de datos personales de todo ese universo de personas se habrían realizado de idéntico modo y su tratamiento habría sido el mismo. En otras palabras, en un único listado se incluyen personas con órdenes de captura, prófugos o declarados en rebeldía y otras cuya razón se desconoce. (…) Ante la consulta de si existe la posibilidad de que alguien manualmente cargue el DNI de una persona para obtener el dato biométrico, Gastón Navarro (subsecretario de Tecnología e Informática del gobierno porteño) contestó: No. El Renaper no te da libre albedrío a hacer lo que vos quieras. Te dice que a partir de este canal, que es un tubo, te comunicás de esta forma. Si eso está cerrado, no podés acceder de otra manera. Te limita en la forma de comunicarte”.