Salta: 20 juicios de lesa humanidad esperan fecha y crece el riesgo de impunidad

A 50 años del golpe de Estado de 1976, Argentina sigue sosteniendo uno de los procesos de juzgamiento por crímenes de lesa humanidad más importantes del mundo. Pero en Salta, ese recorrido —que durante años fue ejemplo por su volumen de causas y sentencias— evidencia hoy una etapa crítica: 20 causas esperan fecha de inicio de los juicios orales y el sistema judicial no logra dar respuesta con la velocidad que la historia exige.

El dato surge del nuevo informe de Ciudadana Comunicación, que pone el foco en uno de los lemas más sostenidos desde el retorno a la democracia: juicio y castigo a los partícipes de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. Mientras a nivel nacional se consolidan más de dos décadas de avances, en la provincia se profundiza un cuello de botella que amenaza con vaciar de contenido el principio de justicia.

Desde 2006, en el país se dictaron 361 sentencias por delitos de lesa humanidad, con 1.231 personas condenadas. Sin embargo, el proceso está lejos de concluir: aún hay 11 juicios en curso, 282 causas en etapa de investigación y 60 expedientes que esperan llegar a debate oral. En ese contexto, los organismos de derechos humanos advirtieron sobre la persistencia de la “impunidad biológica”, puesto que algunos acusados mueren antes de llegar a ser juzgados.

Salta: avances que pesan

En la jurisdicción salteña se realizaron hasta ahora 32 juicios de lesa humanidad, que derivaron en 38 condenas. Las cifras muestran avances concretos, pero también los límites de un proceso atravesado por el paso del tiempo: muchos imputados quedaron fuera de juicio por fallecimiento o incapacidad.

Las causas ya juzgadas —entre ellas Palomitas I y II, Ragone I y II, La Veloz del Norte, la Megacausa Salta o el juicio por el Consejo de Guerra— permitieron reconstruir el funcionamiento del aparato represivo en la provincia y avanzar en la identificación de responsables.

Pero ese mismo volumen de causas es el que hoy presiona sobre un sistema que no logra sostener el ritmo.

El principal nudo está en los expedientes que todavía no llegaron a juicio oral. Actualmente, 20 procesos se encuentran a la espera de fecha, a los que se suma la causa Palomitas III, que se tramita de manera escrita.

Entre los casos pendientes aparece el juzgamiento de otros involucrados por la desaparición del conscripto Mario Víctor Brizzi, que ya fue juzgado, en relación a otros imputados, en la Megacausa Salta.

Falta de jueces y tribunales incompletos

El informe señaló que la demora no responde a un único factor. Los Tribunales Orales Federales I y II de Salta deben atender simultáneamente causas comunes y de lesa humanidad, en un contexto de escasez estructural de magistrados.

Los jueces que intervienen en estos procesos son designados por la Cámara Federal de Casación Penal. En muchos casos, se inhiben —es decir, se apartan— por haber participado previamente en causas vinculadas a los mismos imputados o víctimas. Esto obliga a rearmar los tribunales una y otra vez.

En ese sentido, la Cámara busca ordenar ese proceso solicitando información previa para evitar nuevas inhibiciones, pero el problema de fondo persiste: faltan jueces en todo el país.

La situación se agravó con el fallecimiento del juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, quien estaba asignado a siete juicios pendientes. Su ausencia obliga a nuevas designaciones y vuelve a reconfigurar los tiempos.

Más de cien causas en investigación

Mientras tanto, el universo de causas sigue creciendo. Actualmente hay 123 expedientes en etapa de instrucción en los Juzgados Federales N°1 y N°2 de Salta. Un ejemplo es la causa 90/10, que investiga detenciones ocurridas en 1975, antes del golpe, cuando varias personas fueron trasladadas a dependencias de la Policía Federal, sometidas a torturas, en el caso de las mujeres, varias sufrieron también la tortura de la violencia sexual.

Estos procesos reflejan una ampliación del enfoque judicial, que reconoce estos delitos últimos como parte estructural del terrorismo de Estado.

En este escenario, una herramienta comenzó a ganar terreno: los juicios abreviados. Desde 2024, en Salta se concretaron 15 acuerdos de este tipo, en los que los imputados reconocen su responsabilidad y reciben condena sin necesidad de un juicio oral completo.

El mecanismo permite acelerar los tiempos, pero también tiene un impacto directo en las víctimas, ya que evita que tengan que declarar nuevamente y atravesar situaciones de revictimización.

Aunque no es aplicable a todos los casos, se consolidó como una alternativa frente a las demoras estructurales.

Una provincia clave en el mapa nacional

A pesar de las dificultades, Salta ocupa un lugar central en el proceso de juzgamiento a nivel país. Es la segunda jurisdicción con mayor cantidad de sentencias, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA), con 32 fallos y alrededor de 40 personas condenadas, Salta supera a otras jurisdicciones históricas como La Plata o Mar del Plata.

Ese posicionamiento confirma el peso de la provincia, pero también expone la tensión actual: es ese mismo volumen el que hoy presiona sobre un sistema que no logra avanzar con los juicios pendientes.

El contraste define el presente. Por un lado, una historia de avances sostenidos en materia de memoria, verdad y justicia. Por otro, un presente marcado por demoras, vacantes judiciales y causas que no llegan a juicio.

En ese escenario, el tiempo deja de ser una variable administrativa y se convierte en un actor central. Puesto que, cada demora impacta sobre víctimas, familiares y sobre la posibilidad misma de que la justicia llegue.