SIN ENTREGAR
Sandra Pettovello recurre a la Corte Suprema para evitar la entrega de alimentos a comedores comunitarios
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha acudido a la Corte Suprema con el objetivo de no entregar alimentos a los comedores comunitarios gestionados por organizaciones sociales. En una causa penal, el juez Sebastián Casanello y seis camaristas ya han determinado que Pettovello debe presentar un plan y distribuir los alimentos acumulados en dos galpones, no solo la leche en polvo a punto de vencer.
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Estos magistrados han coincidido en que el Gobierno debe garantizar el derecho a la alimentación. Pettovello ha tomado esta medida justo cuando otro juez, Walter Lara Correa, ordenaba la implementación de tres programas alimentarios reconocidos por ella misma.
Acusaciones en Comodoro Py
En la causa penal, Pettovello fue denunciada por interrumpir la entrega de alimentos o fondos a comedores populares desde su llegada al poder. La denuncia fue realizada por Juan Grabois y la Asociación El Amanecer de los Cartoneros, que atiende a 320 comedores y fue aceptada como querellante. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participa como amicus curiae. El juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa buscan determinar si Pettovello y su equipo incumplieron sus deberes, abusaron de su poder o cometieron otros delitos. Se descubrió que Capital Humano acumulaba casi 6,000 toneladas de comida en galpones en Villa Martelli y Tafí Viejo, con productos vencidos y otros a punto de vencer, mientras miles de familias pasaban hambre.
Respuestas y Apelaciones
Pettovello argumentó que cortó la entrega de alimentos por supuestos desmanejos y rechazó la intervención de intermediarios, específicamente organizaciones sociales. Sin embargo, delegó la distribución de leche a la Fundación Conin, a pesar de que también es un intermediario, y convocó a los ministerios de desarrollo social provinciales para distribuir alimentos solo en escuelas vulnerables. Mientras respondía parcialmente al juzgado, Pettovello apeló repetidamente, alegando que la política alimentaria es un asunto no judiciable y que el juez Casanello violó la división de poderes. La Cámara Federal y la de Casación Penal avalaron la orden del juez en primera instancia.
Recurso Extraordinario ante la Corte
El recurso extraordinario presentado por Pettovello a la Corte Suprema argumenta que hay una intromisión abusiva del Poder Judicial que afecta la competencia de la Administración Pública Nacional en políticas públicas. Sostiene que los alimentos almacenados son para situaciones de emergencia y que la intervención judicial desvía esa finalidad, impidiendo el normal desarrollo de una política pública y afectando el interés público comprometido.
Medidas en el Fuero Contencioso Administrativo
El recurso fue presentado el mismo día que el juez contencioso-administrativo Lara Correa dictó una medida cautelar en un amparo colectivo iniciado por el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), apoyado por otras entidades y la defensora Florencia Plazas. Esta medida complementa y contradice lo planteado por Pettovello, ya que ordena cumplir con los programas alimentarios vigentes: Plan Nacional Argentina contra el Hambre, Programa Nacional Alimentar Comunidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos programas se implementan mediante la entrega de fondos con rendición de cuentas o la distribución directa de alimentos secos a comedores.
Ejecución de Fondos y Denuncias
El juez Lara Correa evidenció que hay fondos asignados a programas alimentarios que no se han ejecutado adecuadamente. Para el PNUD, se asignaron 36,200 millones de pesos, de los cuales solo se ejecutaron 16,815 millones hasta mayo. La medida cautelar muestra que de 745,700 millones de pesos destinados a cuestiones alimentarias, solo 500 millones se destinaron a comedores y merenderos. Capital Humano ha implementado mecanismos alternativos, como la licitación conjunta de compra de alimentos con PNUD y la delegación de licitaciones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con resultados confidenciales y sujetos a denuncias penales.
El juez Lara Correa dictó una medida cautelar inusual en derecho a la alimentación, indicando que el Estado no está cumpliendo su propia política pública y subrayando la importancia de los comedores comunitarios como red de contención para personas en situación de vulnerabilidad. La medida busca garantizar el derecho a la alimentación para quienes asisten a estos comedores, resaltando la urgencia de cuidados especiales sin demoras ni interrupciones.