Se aprobó el Presupuesto 2023 tras una maratónica sesión

En la madrugada del miércoles se aprobó el Presupuesto 2023 con 180 afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. De esta manera, hay media sanción y pasa a Senadores. 

Tras una maratónica sesión de más de 20 horas, el oficialismo consiguió los votos para su tratamiento en general y ahora seguirá la sesión con la discusión artículo por artículo en la Cámara de Diputados.

La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. En tanto, la Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron el proyecto.

En el marco de una sesión que se desarrollaba entre cruces y debates al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados nacional trabaja la pauta de gastos e ingresos para el período económico 2023, que proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1.9% y una erogación de más del 70% a gastos sociales.

Impulsada por el Frente de Todos (FdT), la sesión comenzó pasado el mediodía de ayer y con las voluntades del oficialismo peronista garantizadas, se estimaba que la votación en general iba a aprobarse promediando la madrugada, para luego avanzar con los artículos en particular.

El plenario comenzó con asistencia de 130 diputados en el recinto pertenecientes al oficialismo, Provincias Unidas, Evolución Radical y la UCR.

El oficialismo tenía “abrochada” la aprobación del Presupuesto al contar con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y esperaba sumar dos manos levantadas de la bancada Ser, con lo que tenía garantizada la aprobación sin ningún sobresalto.

“No es un presupuesto de ajuste”

Uno de los voceros del FdT fue Carlos Heller, quien afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 “no es un presupuesto de ajuste” y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales -un cuestionamiento opositor- al señalar que suman “más de 300.000 millones de pesos”.

Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto “está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo”.

“Hemos visto informes periodísticos que se centraron en el presupuesto del Ministerio de Educación, pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a ese concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función”, sostuvo el legislador oficialista.

En ese contexto, informó un incremento de partidas sociales por un monto de 322.000 millones de pesos, con lo cual, apuntó, “no es un presupuesto de ajuste”.

En un tono similar, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (fue ministro de Agricultura del exgobernador Daniel Scioli) explicitó el aval de su bancada al proyecto y destacó el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al presentado originalmente.

“Valoremos que hayamos podido incluir correcciones” entre las que mencionó “que se haya asignado al transporte del interior del país una suma que se pueda actualizar cómo evolucione la economía”, dijo Rodríguez.

Impuesto a las Ganancias: la polémica

El debate más caliente en el cuerpo se dio por la inclusión de un artículo que elimina la exención en el pago del Impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, por un monto equivalente a unos $ 237.000 millones.

En el año 2017, una Ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento al Poder Judicial comenzaran a tributar el Impuesto a las Ganancias. Pero como consecuencia de un paquete de medidas cautelares que presentaron, muy pocos magistrados fueron a los que se les descuenta el cobro de ese impuesto en sus haberes.

Pero también generó controversias la proyección del oficialismo de una inflación del 60%, así como los subsidios al transporte a las provincias, la facultad para aumentar las retenciones -tema de polémica continua con el campo- y los recursos destinados a gastos sociales y educación.