Submarino ARA San Juan: el Consejo de la Magistratura aprobó avanzar en el juicio político contra la jueza federal Marta Yañez

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó abrir el pedido de juicio político contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, por el presunto mal desempeño que habría cometido durante la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes a bordo, el 15 de noviembre de 2017. Como primera medida se decidió llamar a siete testigos para que aporten más pruebas.

La causa fue impulsada hace más de un año por Luis Tagliapietra, uno de los abogados querellantes y padre de una de las víctimas. El camino fue tortuoso y lleno de obstáculos.

Durante la reunión virtual que se realizó ayer, y que fue presidida por Diego Molea, la diputada Graciela Camaño, ex integrante de ese cuerpo, denunció que “había mucho interés por parte de gente ajena al propio Consejo para que el tema fuera resuelta (a favor de Yañez) rápidamente”. También reconoció que la propia jueza federal buscó reunirse de “manera privada” con algunos integrantes del Consejo de la Magistratura, incluida ella misma, pero que ese requerimiento no prosperó.

Pablo Tonelli, diputado del PRO, e integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura solicitó el “desestimiento” de la acusación contra la magistrada de Caleta Olivia pero su posición quedó en franca minoría.

Es muy probable que después de escuchar los testimonios de los siete citados, entre los que se encuentran familiares de víctimas y abogados querellantes, se decida avanzar definitivamente contra la jueza Yañez, o desestimar las acusaciones que pesan sobre su figura.

“La denuncia de la diputada Camaño, dicha un poco al pasar, da cuenta de las presiones políticas que se ejercieron para que esta causa quede como está ahora, en la nada misma es decir para que no haya responsables por el hundimiento del ARA San Juan. La actitud de la jueza, para intentar reunirse con los acusadores de manera privada, habla de la falta de moral de Yañez que de ninguna manera puede continuar al frente de la investigación”, le dijo Tagliapietra a Infobae.

La primera denuncia del abogado querellante, y padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino siniestrado, tuvo lugar, según él mismo lo recuerda “después de las reuniones secretas que Yañez tuvo con el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad y con la cúpula de la Armada, algo que claramente es un incumplimiento a los deberes de un juez federal”

Ese no es el único cargo que pesa contra Yañez y que forma parte de las acusaciones que ayer tuvieron en cuenta los integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. “Abuso de autoridad”, “presiones a los testigos”, “filtraciones de información y datos realizado por personal de su propio juzgado”, “animosidad manifiesta hacia algunos familiares”, “no proteger la identidad de testigos propuestos por las querellas y filtrar su declaración testimonial”, “manipulación de las imágenes del submarino obtenidas por la empresa Ocean Infinity y la no conformación de un equipo pericial para poder analizar y peritar las imágenes del hallazgo del ARA San Juan”.

Los fundamentos de cada uno de estos puntos están desarrollados a lo largo unas cincuenta fojas presentadas por Tagliapietra en la denuncia inicial y dos ampliaciones.

“Es parte de la práctica de esta jueza federal intentar gestionar en la oscuridad, a espaldas de los familiares, de las víctimas de esta tragedia y de toda la sociedad para beneficiar a los responsables políticos y militares que llevaron al hundimiento del único submarino activo que tenía la Armada Argentina”, recalca el abogado querellante ante este medio.

Desde el juzgado de Marta Yañez se informó que “por el momento” la jueza prefiere no opinar sobre la resolución que tomó el Consejo de la Magistratura y que “está a disposición de cualquier requerimiento”.

Los familiares de las víctimas ya había solicitado apartar a la jueza del expediente, por ejemplo, por “demoras en el esclarecimiento del caso”.

El 4 de febrero pasado, Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio.

En la misma resolución, la jueza federal rechazó el pedido de las querellas para imputar al ex presidente Mauricio Macri, a Aguad, su ministro de Defensa, y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. Por entonces, Valeria Carreras, abogada querellante, y una de las letradas que solicitó las imputaciones contra Macri, Aguad y Srur, había repudiado la decisión de la magistrada ahora investigada, y cuestionó en duros términos la calificación penal aplicada “por no incluir la prisión preventiva de los procesados” y porque “exculpa a la política” de la responsabilidad en el naufragio. “Resulta una falta de respeto a las familias, a la Justicia y fundamentalmente a los 44 tripulantes fallecidos, sostuvo”.

La querella de Carreras y Fernando Burlando apeló y denunció la presunta “manipulación de prueba y omisión de datos en la sentencia de estrago culposo” y también acusó a la jueza de “hacer proselitismo a favor de Mauricio Macri”.

Para la abogada, uno de los puntos más fuertes que pesan contra la jueza Yañez fue “haber realizado una pericia de imágenes sobre los restos hallados del ARA San Juan sin haber notificado a las partes y sin que conste en la causa”.

La fecha para resolver la cuestión “in voce” había sido fijada para el 26 de marzo pero fue suspendida.