Súper RIGI: beneficios extraordinarios, blindaje legal y entrega

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, bautizado como “Súper RIGI”. La iniciativa otorga ventajas de excepción a multinacionales vinculadas principalmente al meganegocio de la inteligencia artificial. Entre los beneficios que ofrece se destacan las reducciones impositivas, la flexibilización aduanera, la desregulación cambiaria, la prohibición de paros, el ingreso sin restricciones de la totalidad de la ingeniería necesaria para funcionar desde sus terminales de origen y el compromiso del Estado a garantizar durante 30 años la estabilidad de lo acordado. Esto último busca condicionar a los próximos gobiernos y abre posibilidades de juicios al país en el exterior. La letra de la normativa propuesta parece estar redactada a la medida de Silicon Valley, luego de que magnates admirados por Milei como Peter Thiel -fundador de empresas como PayPal y Palantir- se haya radicado de manera temporal en el país; y de los distintos encuentros furtivos que el presidente mantuvo con Elon Musk. Mientras las pymes y la industria nacional se hunden.

“Es la ley de datacenters. Un proyecto para darle a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía y trabajo subsidiado”, afirmó el abogado Pablo Cerdan. El especialista además advirtió: “Si el Estado los molesta, nos demandan en el CIADI. Estas empresas facturan más que el PBI argentino. Y van a pagar menos impuestos que una pyme del conurbano”.

A diferencia del RIGI original, el nuevo marco se orienta hacia actividades de “vanguardia tecnológica”, como la IA, la biotecnología avanzada, la producción de semiconductores, baterías de litio, vehículos eléctricos y paneles solares. Para acceder, deben cumplir con un piso de inversión de 1.000 millones de dólares por emprendimiento, bajo la obligación legal de ejecutar al menos el 20 por ciento del monto durante los primeros dos años desde la fecha de aprobación. Asimismo, las empresas interesadas tienen la obligación de constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una figura jurídica cuyo objeto comercial y activos deben estar afectados de forma exclusiva a la actividad promovida. El plazo para solicitar la adhesión al régimen se fijó en cinco años, con la posibilidad de una prórroga única de un año adicional.

El RIGI original exige un piso del 20 por ciento de contratación de proveedores locales, pero el Súper RIGI elimina por completo esta obligación. De esta manera, pueden traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local.

Como garantía frente a eventuales cambios de políticas, otorga estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por un período de 30 años. Un blindaje legal que entrega la soberanía jurídica nacional en manos de compañías extranjeras: el proyecto incluye cláusulas de protección contra actos expropiatorios o confiscatorios y garantiza de manera expresa el acceso al arbitraje internacional, mediante tribunales como el CIADI, la CCI o la CPA, ante disputas con el Estado Nacional, si se incumple este contrato leonino. Igual al RIGI pero con mayores incentivos de reducción tributaria.

“El gobierno de Milei envía un proyecto de ley para transparentar el “lobby” junto a otro proyecto que es lobby directo de Peter Thiel (Super RIGI). Además llega tarde la transparencia luego de la aprobación de leyes redactadas por los lobbies minero, del gas, industrias farmacéuticas, grandes empresarios”, denunció el diputado Esteban Paulón.

Imán para los datacenters, ruina para la industria nacional

La restricción en las capacidades de regulación y planificación de los futuros gobiernos democráticos es una de los puntos que más atraen a estas corporaciones: no lo consiguieron en otros países y el Gobierno libertario lo ofrece sin pedir mucho a cambio.

En el aspecto fiscal, el Súper RIGI presenta mejoras respecto a la legislación previa. La alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce a 15 por ciento fijo, complementado con un esquema de amortización acelerada para bienes muebles e infraestructura, y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. En cuanto a los dividendos, la tasa general se establece en el 7 por ciento, pero desciende al 3,5 por ciento una vez transcurridos cuatro años de permanencia. Por el lado aduanero, se dispone la exención total de derechos de importación para los bienes de capital necesarios para la inversión, así como la eliminación de los derechos de exportación para los productos resultantes del proyecto. Con el fin de mitigar la carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se instrumentarán Certificados de Crédito Fiscal transferibles, los cuales servirán para cancelar el impuesto facturado por los proveedores del VPU.

Los incentivos que el Gobierno promueve para estas inversiones son el extremo opuesto de las decisiones económicas con las que azotan a las pymes e industrias nacionales y a sus trabajadores, destinados prácticamente al abandono. Mientras brindan herramientas excepcionales a los “amigos” del Ejecutivo, con acceso al despacho presidencial, como algunos miembros de Silicon Valley, retan a los industriales y laburantes a salvarse solos.

Las exenciones aduaneras absolutas facilitan el ingreso a costo cero de los miles de servidores, sistemas de refrigeración y componentes de hardware avanzados indispensables para estas plantas. Fabricados en otras latitudes, no generan empleo local y tampoco recursos para el fisco.

Otro premio para la instalación de estos centros de datos masivos es la exención de la obligación de liquidar divisas por financiamientos externos y la libre disponibilidad progresiva de dólares por exportación de servicios.

Con las exenciones y rebajas de Ganancias y cargas patronales, terminarán aportando proporcionalmente menos impuestos que las pequeñas y medianas empresas. De esta manera, la producción nacional terminaría subsidiando indirectamente la radicación de firmas extranjeras que demandan enormes recursos energéticos pero generan baja densidad de empleo directo en comparación con su facturación.

Golpe a la Argentina federal

Dentro del entramado económico, las economías provinciales también pierden con el Súper RIGI: se verían obligadas a ceder recursos y soberanía.

La pérdida de autonomía fiscal que se les exige a los gobiernos provinciales y municipales para que las empresas accedan a los beneficios nacionales es por lo menos abusiva. Las jurisdicciones locales deberán adherirse formalmente y comprometerse a una fuerte moderación impositiva. Como contracara se desfinancian las economías regionales.

El texto prohíbe explícitamente la creación de nuevos gravámenes locales a partir del 31 de diciembre de 2025. Del mismo modo, fija un tope del 0,5 por ciento para la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, elimina el Impuesto de Sellos para todos los contratos del VPU y prohíbe el cobro de regalías o cánones administrativos vigentes o futuros.

Finalmente, las provincias que se sumen deberán renunciar al principio de pago previo como requisito para que los inversores tramiten recursos o demandas judiciales en el ámbito administrativo local.

Un RIGI para tapar otro RIGI

Los grupos económicos que ya hayan solicitado su ingreso al RIGI original de la Ley Bases, o que posean planes con superposiciones de activos, ubicaciones o cadenas de valor compartidas en más de un 50 por ciento, quedan excluidos de este beneficio. Esta delimitación busca impedir la duplicación de incentivos en proyectos preexistentes.

Como el primer RIGI no cumplió con las expectativas de la gestión, la esperanza del Gobierno está signada por la nueva iniciativa en tanto presenta tales elementos de seducción que Milei considera irresistible para sus admirados multimillonarios relacionados con las nuevas tecnologías.