Tierra, desalojos y barrios populares: los puntos que traban la ley impulsada por Milei

El proyecto de reforma de la ley de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno argentino abrió un fuerte debate en el Senado, donde el oficialismo aún no logra reunir los votos necesarios para avanzar con su aprobación. Las principales diferencias se concentran en la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y en los cambios propuestos para la normativa de barrios populares.

La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei junto a su equipo de ministros, propone modificar la ley 26.737, vigente desde 2011, que establecía un límite de hasta 1.000 hectáreas para la adquisición de tierras por extranjeros. El nuevo enfoque elimina ese tope y plantea controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas.

Sin embargo, esta modificación genera resistencia incluso entre bloques considerados aliados. Desde la UCR, el PRO y espacios provinciales admiten la necesidad de revisar la legislación actual, pero advierten que una apertura sin límites podría derivar en una concentración excesiva de tierras en manos de capitales extranjeros. En esa línea, la senadora Edith Terenzi expresó su preocupación por el impacto en provincias con territorios estratégicos, como Chubut.

Ante este escenario, el oficialismo se encuentra abocado a negociar cambios que permitan destrabar el dictamen en comisiones y posteriormente su tratamiento en el recinto. Por el momento, no hay convocatoria formal a plenario, lo que refleja la falta de consensos.

Otro de los capítulos más cuestionados es la reforma de la ley de barrios populares. El proyecto limita las expropiaciones y elimina la suspensión de desalojos vigente por diez años, lo que podría derivar en un aumento de conflictos habitacionales. Además, reduce la participación de organizaciones barriales en obras y descentraliza la implementación del proceso de regularización dominial, trasladando mayor responsabilidad a las provincias.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la normativa actual no logró resultados efectivos, señalando que tras siete años de vigencia solo un porcentaje mínimo de los habitantes de barrios populares accedió al título de propiedad.

En materia de desalojos, la propuesta también introduce cambios significativos al acortar los plazos legales, habilitando procedimientos más rápidos ante incumplimientos, lo que suma críticas desde sectores que advierten sobre la vulnerabilidad de los inquilinos.

Finalmente, el proyecto incluye modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos. Según el Ejecutivo, esas limitaciones resultan excesivas y no han demostrado ser eficaces para la recuperación ambiental.

Con múltiples frentes de discusión abiertos, la iniciativa se perfila como uno de los debates legislativos más complejos de las próximas semanas, donde el oficialismo deberá equilibrar su agenda reformista con la necesidad de construir consensos políticos.