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Tolosa Paz aseguró que buscan “ordenar y transparentar” el programa Potenciar Trabajo

La funcionaria destacó que en estos últimos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, resaltó ayer en conferencia de prensa que casi el 90% de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo validó su identidad y solo el 11% quedó sujeto a “ser suspendido”, si a partir del mes próximo cuando se concrete el pago correspondiente a enero no inician una “instancia de reclamo” abierta por la cartera.

Tras haber concluido el pasado domingo el período de 60 días estipulado para que los beneficiarios validaran sus datos personales, Tolosa Paz aseguró que su gestión cuenta ahora con “más certezas que dudas” sobre las personas que integran el padrón y garantizó que los esfuerzos estarán destinados “a la población más vulnerable, a los jóvenes, a quienes demostraron gran interés en continuar educándose o formándose laboralmente y a las mujeres”, que constituyen el 67% del total de inscriptos.

Además, la ministra recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

A su vez, la funcionaria destacó que en estos últimos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo, de los cuales el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 29 años (39,1%).

Al evaluar los resultados de la auditoría sobre el Potenciar Trabajo, la ministra consideró que el relevamiento sacó a la luz gran cantidad de información que servirá para “direccionar el esfuerzo del Estado” con mayor precisión.

Sobre el 11,3% que no validó su identidad y “están sujetas a ser suspendidas” del programa, aunque cobrarán en febrero el 50% del monto correspondiente a enero, Tolosa Paz apuntó que el “impacto fiscal de suspender 154.000 beneficiarios es de algo más de 2.500 millones de pesos”, pero remarcó que todavía pueden revertir esa situación quienes hayan tenido “dificultades geográficas” para validar sus datos.

Y adelantó que esa masa de dinero será destinada a las mismas organizaciones sociales que agrupan a la mayoría de los beneficiarios del programa social, de acuerdo al decreto presidencial 728/2022.