PODER JUDICIAL
Tras dos semanas de feria, este lunes reinicia la actividad judicial
Entre los expedientes que se analizan, se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y los presuntos hechos de espionaje ilegal durante la gestión macrista.
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El lunes a las 8.30 se reanudará el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, con el comienzo del alegato del fiscal Diego Luciani que pidió nueve audiencias para desplegar sus argumentos en contra de los imputados ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada en este caso, seguirá la audiencia a través de la plataforma virtual zoom, según dejaron trascender desde su entorno, a la vez que recordaron que días atrás la exmandataria publicó un video en redes sociales en el que acusó a los jueces que la juzgan de tener escrita su condena.
Quienes siguen, sobre todos desde la política, los movimientos del Poder Judicial se preguntan también que pasará con la causa conocida como "Gestapo", donde se investiga si durante los gobiernos de Macri en la Nación y María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires se ejecutaron actividades ilegales para lograr la detención del gremialista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina.
La causa la tiene el juez federal Ernesto Kreplak a pesar de que su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi le reclamó que se inhiba de seguir interviniendo y la envíe a Comodoro Py, tal como había reclamado el procesado exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Juan Sebastián de Stéfano.
Días antes de la feria, la Sala II de la Cámara Federal porteña consideró que la definición sobre dónde debe instruirse la causa "Gestapo" corresponde a los tribunales de La Plata y no en el tribunal de alzada de Comodoro Py, como lo había propiciado Martínez de Giorgi.
En ese expediente están procesados tres exagentes jerárquicos de la AFI, a dos funcionarios del gobierno de Vidal, al intendente de la Plata, Julio Garro, y al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, por la supuesta persecución por medios ilegales desatada contra Medina.