Tras las multas a Coca Cola y Danone, el Gobierno va tras los colosos de la industria

En el marco de la mesa de los precios en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, intenta atenuar el impacto de las remarcaciones tras la corrida que disparó el valor del dólar Blue, el Gobierno está investigando a los gigantes del consumo que tuvieron aumentos récord en las góndolas de los comercios de barrio con el objetivo de incumplir el acuerdo de Precios Justos y topes de suba. Hace unos días, la Secretaría de Comercio multó a Coca Cola y la francesa Danone por haber aumentado 32,5 por ciento en un mes, cuando lo permitido es 3,2 por ciento, y ahora observa que hay otros gigantes del consumo masivo que podrían encuadrar en esa misma situación.

Según información a la que accedió Página I12, la cartera que conduce Matías Tombolini tiene avanzado un proceso de investigación que involucra a las empresas Cervecería y Maltería Quilmes, Pepsico Argentina, Mastellone (La Serenísima) y Aguas de Orígen (una alianza comercial para el mercado de aguas entre Danone y la cervecera chilena CCU, que produce en el país las marcas Imperial y Heineken, entre otras), entre otras.

La sospecha es que habrían procedido de la misma manera que Coca Cola y Danone, con subas muy superiores a lo permitido. Esos nombres puntuales, además, son fuertes porque son muy representativos del peso en góndola: Mastellone produce nueve de cada diez litros de leche fluida; Quilmes, hoy en manos de un grupo extranjero, es el líder en cervezas y tiene una fuerte participación en aguas; mientras que Pepsico es lider en snacks y la segunda firma, detrás de Coca Cola, más importante en producción de bebidas gaseosas.

El método

La semana pasada, la Secretaría de Comercio les impuso a Coca Cola y Danone una multa de 40 millones y 45 millones de pesos, respectivamente, por incumplir acuerdos de precios.

La metodología, que en el Gobierno describen como "rentabilidad cruzada", consiste en mantener la pauta de aumento permitida por el Gobierno en los grandes hipermercados (3,2 por ciento mensual), y en el resto de los comercios (almacenes barriales, chinos y pequeños locales) subir sin tope para recomponer márgenes de rentabilidad perdidos en los acuerdos de Precios Justos. En el caso de Coca Cola y Danone, los aumentos por fuera de lo permitido alcanzaron el 32,5 por ciento mensual.

Desde algunas firmas, como Quilmes, negaron a este diario estar haciendo aumentos por fuera de lo permitido por la Secretaría de Comercio. El resto prefirieron no hacer comentarios. También están bajo la lupa de la investigación de la secretaría de Comercio las empresas Molinos Río de la Plata y Arcor.

Esta decisión de política de precios de las empresas tiene varios impactos: el primero es que ocho de cada diez argentinos compran en comercios de cercanía y sólo un tercio en hipermercados. En síntesis, la mayor parte de la población compra a precios mucho más caros de los acordados. El segundo punto es que la inflación de alimentos que mide el INDEC tiene un fuerte componente del canal de cercanía, y el Gobierno no ha mostrado capacidad de control en ese segmento. Si uno mide la inflación de alimentos en los híper y en los barrios, hay diferencias abismales.

Un equilibrio difícil de lograr

En este escenario, varias empresas le llevaron a Comercio Interior esquemas de alza de costos por el dólar y las paritarias que llegan al 10 por ciento. La idea de Matías Tombolini es, primero, que las compañías que aumentaron retrotraigan los precios al nivel anterior a la corrida, casi una quimera en este contexto.

En paralelo, Comercio busca dos objetivos, un nuevo sendero de aumentos permitidos y, a la vez, tener mayor control sobre los comercios barriales y sus precios. En primer lugar, el nuevo sendero de aumentos autorizados seguirá siendo del 3,2 por ciento hasta el 20 de mayo, y desde allí a fin de mes se otorgará otro 1,8, llegando al 5 en el mes. Eso regirá para todos los productos que no estén en la canasta de precios fijos. Mientras que para los 2000 productos de Justos se fijó un tope de aumentos de 3,8 por ciento.

Por último, se acordó una suba máxima de 5 puntos para productores de insumos difundidos y se busca acordar con mayoristas y distribuidores una lista de precios única tanto para hipermercados como para comercios de cercanía. Con esto, el Gobierno busca evitar lo que aún no pudo: ponerle coto a la disparada de precios fuera de los hiper.