COMUNICADO FISCAL
Treinta y seis fiscales federales han manifestado su preocupación por la decisión de Luis Petri de desmantelar el área investigativa de los crímenes de la dictadura
En una comunicación dirigida al procurador interino Eduardo Casal, los representantes del Ministerio Público expresaron que la falta de análisis y revisión de los archivos en posesión de las Fuerzas Armadas afectará negativamente las causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad.
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El Ministerio de Defensa, el 27 de marzo pasado, despidió a diez de los trece expertos que formaban parte de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental (ERyA). Estos equipos fueron establecidos en 2010 durante la gestión de Nilda Garré, después de que la documentación sobre el período 1976-1983 fuera desclasificada por Cristina Fernández de Kirchner.
Su propósito principal era contribuir a las investigaciones sobre crímenes contra la humanidad, especialmente después del fallo de la Corte Suprema en el caso Simón en 2005.
Los ERyA operaron durante los gobiernos de CFK, Mauricio Macri (aunque de manera reducida) y Alberto Fernández. Sin embargo, Petri decidió desmantelarlos después del 48º aniversario del golpe militar.
Según Petri, estos equipos estaban orientados a "judicializar" y realizar "macartismo" dentro de las Fuerzas Armadas, además de insinuar que no se conocía a quiénes respondían sus integrantes, todos profesionales civiles. Se mencionó también una auditoría en curso debido a la percepción de que los equipos estaban persiguiendo a familiares de figuras públicas.
Esta decisión generó rechazo por parte de organismos de derechos humanos y legisladores de diferentes partidos políticos. Ahora se suma la preocupación de los fiscales que llevan adelante las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
Un total de 36 magistrados enviaron una carta a Casal, quien a su vez la remitió al Ministerio de Defensa, solicitando información que el ministerio aún no ha proporcionado.
En la carta, los fiscales destacaron la importancia de los ERyA en la recolección y presentación de pruebas ante la justicia, así como en el análisis de reglamentos, prácticas burocráticas y operaciones de las Fuerzas Armadas. Argumentaron que la pérdida de estos equipos afectará gravemente el trabajo judicial relacionado con los crímenes de lesa humanidad en Argentina.
Además, hicieron hincapié en la profesionalidad y compromiso de los integrantes de los equipos a lo largo de los años.
La reacción de los fiscales se suma a las presentaciones realizadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el desmantelamiento de los equipos.
Estas acciones fueron impulsadas por la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.
Hasta el momento, los tribunales argentinos no han tomado decisiones favorables respecto a los amparos presentados para evitar el desmantelamiento del área en cuestión.
La gestión de Petri en Defensa ha sido objeto de críticas adicionales, especialmente relacionadas con su postura frente a la memoria histórica y los derechos humanos.
Desde su llegada, ha sido percibido como cercano a sectores militares conservadores y ha generado controversias por sus declaraciones y acciones que algunos interpretan como un intento de minimizar la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.