Sucedió en Olavarría
Un docente dijo en clase que a una alumna había que “matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”
Toda la comunidad educativa repudió lo sucedido y el agresor, Walter Ressia, presentó la renuncia. Se realizarán actividades formativas y concientizadoras en una ciudad con un pasado herido por la última dictadura cívico-militar.
Olavarría permanece convulsionada luego de que un docente de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) le dijera a una alumna que era “una montonera” a la cual “había que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”. Walter Ressia, el agresor, ya presentó la renuncia. Más allá de su voluntad, la institución planteó el repudio, al igual que toda la comunidad educativa que integra la Unicen y la Comisión por la Memoria local.
El hecho cobró notoriedad tras el comunicado publicado por la Facultad de Ciencias de la Salud. En ese lugar, durante su clase y ante 200 alumnos del tercer año de la carrera de Medicina, Ressia trató de “guerrilleros montoneros” a quienes le plantearon una discusión académica sobre la guía del tratamiento del asma.
El profesor, especialista en gerontología y neurociencias, fue citado por el decano, Gustavo Otegui, y una hora después presentó la renuncia. De todas maneras, la Facultad señaló en una resolución del Consejo Académico que “la renuncia presentada por el docente involucrado no puede interpretarse como una circunstancia que elimine la necesidad de un pronunciamiento institucional respecto de los hechos denunciados”.
“La Facultad posee la responsabilidad de preservar la memoria institucional de aquellas situaciones que afectan gravemente la convivencia universitaria, la integridad de las personas que forman su comunidad y los valores democráticos que sustentan la educación superior pública”, subrayó la institución en su “enérgico repudio” al episodio.
Según pudo reconstruir Buenos Aires/12 en conversaciones con representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ressia “esporádicamente había hecho comentarios que no se corresponden con los buscados” en la casa de estudios olavarriense. “Nunca, que yo sepa, se había manifestado en estos términos alusivos a la dictadura militar”, afirmó una fuente consultada, pero aclaró que “el problema es que cuando se dice lo que se piensa y lo que se piensa es esto, la gravedad de la situación requiere que se tomen las medidas que hemos tomado”.
Docentes, no docentes y estudiantes expresaron su condena ante los hechos y pidieron que las acciones de la Facultad no cesen con la renuncia. Hablaron de que los sucesos “interpelan a toda la comunidad educativa” en el marco de la formación de profesionales de la salud y reafirmaron un inclaudicable compromiso con el Nunca Más.
En paralelo, subrayaron que el acto de violencia lo padeció una mujer. “Estamos hablando de referencias a la muerte y a la eliminación de una mujer en un contexto social atravesado por violencias que continúan cobrándose vidas”, apuntaron desde el Centro de Estudiantes, al tiempo que recordaron la reciente marcha masiva del Ni Una Menos el pasado 3 de junio.
La Memoria, la Verdad y la Justicia en Olavarría
La ciudad de Olavarría es el faro económico y productivo de la región central de la provincia de Buenos Aires. La cuna del cemento argentino forjó su peso alrededor de la familia Fortabat y la empresa Loma Negra. Una firma que está teñida con la sangre de trabajadores secuestrados, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar en complicidad con sus autoridades y directivos.
Tal es el caso, también, del abogado que veló por los derechos de los empleados de la firma durante los años de los militares, Carlos Moreno, padre del actual Subsecretario de Derechos Humanos de la PBA, Matías ‘Gitano’ Moreno.
Olavarría es el lugar en el que también vivió durante la mayor parte de su vida Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto recuperado de Estela, hijo de Laura y Walmir Montoya. En agosto de 2014, la noticia salió a la luz. Poco se pudo avanzar en la investigación porque su presunto apropiador, Francisco ‘Pancho’ Aguilar, murió cinco meses antes. El proceso penal avanzó sin mayor claridad respecto a cómo fue arrancado de los brazos de su madre.
Sí se pudo conocer más sobre Aguilar. La Justicia determinó que fue el nexo clave y, según la familia que crió a Ignacio, fue quien se los entregó bajo el argumento de que el bebé había sido dado voluntariamente en adopción por sus padres biológicos. Era el dueño del campo ‘Los Aguilares’ y allí residían y trabajaban Clemente Hurban y Juana Rodríguez, el matrimonio que anotó a Ignacio como su hijo. ¿Algo más? Si. Aguilar presidió la Sociedad Rural local y fue candidato a concejal por la lista del PRO en 2007 cuando Mauricio Macri y Francisco De Narváez tejieron una alianza política.
Este breve recorrido expone los lazos socio civiles y políticos de la ciudad cementera con los mecanismos de represión y tortura, en medio de una actualidad cargada por la violencia impuesta por Javier Milei. En más de una ocasión, desde el Presidente de la Nación, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y múltiples dirigentes y representantes de La Libertad Avanza, expresaron su empatía o concordancia con algunas de las acciones impartidas durante la última dictadura.
El partido de Olavarría cuenta con más heridas ocasionadas por este proceso. En Sierras Bayas, a 20 kilómetros de la ciudad, funcionó el ex CCDyT Monte Pelloni. Por medio de dos causas históricas, Monte Pelloni I en 2014 y Monte Pelloni II en 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dictó condenas de reclusión perpetua y prisión efectiva para los máximos responsables militares de la zona, entre ellos el exjefe del regimiento local, Aníbal Ignacio Verdura, además de oficiales y suboficiales involucrados en los operativos de la región.
Ese predio hoy funciona como Espacio de la Memoria bajo la órbita de la Comisión por la Memoria de Olavarría. Precisamente, fue uno de los colectivos que pronunció su repudio ante lo sucedido en el aula con Ressia. “Quienes fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, familiares de personas desaparecidas y militantes de Derechos Humanos, consideramos intolerable que un docente de una institución pública profiera amenazas contra sus estudiantes y sobre todo reivindicando la práctica de delitos de Lesa Humanidad condenados por Juzgados Federales”, señalaron en un comunicado.