JUSTICIA
Un ex ministro de Macri fue procesado por corrupción
La jueza federal Servini procesó a Gustavo Santos junto a otros ex funcionarios relacionados con ese ministerio.
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Varios ex funcionarios del ministerio de Turismo de Mauricio Macri fueron procesados por la jueza federal María Servini por presunta defraudación a la hora de contratar a una empresa para la realización de una campaña publicitaria para el período de Semana Santa de 2016 cotizada en más de diez millones de pesos.
Un empresario vinculado al tursimo, Gonzalo Yrurtia, radicó la denuncia en la Oficina Anticorrupción que inició la causa en 2018. En 2022 se transformó en causa judicial, que investigó la contratación por parte de la Secretaría de Turismo, a cargo de Gustavo Santos, de una compañía que produjera una campaña publicitaria para el turismo interno durante Semana Santa de 2016. Tres empresas compitieron: Team Media; Publicidad 10; y 80/20 Marketing & Publicidad.
En un proceso irregular, ganó Team Media, según Servini se detectó una "cartelización" de la contratación. Las empresas tenían vínculos entre sí, no hubo competencia, sino una coordinación.
Los funcionarios del área de Tursimo quedaron impotados por el fiscal federal Federico Delgado por los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La investigación compromete al ex titular del Consejo Federal de Turismo César Ovejero; el coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos del área, Ana Gradín y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
La jueza sostuvo que el vínculo y el interés entre los funcionarios y las firmas publicitarias estaba marcado en sus relaciones en las redes socialesy las similitudes de las plantillas que entregaron, todas con precios y montos similares, a la vez de compartir errores tipográficos semejantes.
Añadió, en su resolución, que los funcionarios "omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas". Los procesamientos adjuntan embargos por más de 50 millones de pesos para cada imputado.