Un fallo decisivo refuta al macrismo y ratifica la autonomía sindical

De una fuente insospechada (la Corte Suprema de Justicia de la Nación) provino en los últimos días una muy buena noticia para todos los trabajadores del país, tratándose al mismo tiempo de una refutación al macrismo que podría tener más derivaciones judiciales: el alto tribunal dictaminó que la intervención de un gremio (una de las tantas dispuestas por el gobierno derechista) fue “ilegal” y por lo tanto no puede ser considerada válida.

La medida se tomó respecto de la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), dispuesta años atrás por el gobierno de Mauricio Macri y decidida por Jorge Triaca (exministro y exsecretario de Trabajo) y Dante Sica (exministro de Producción y Trabajo). Pero sus consideraciones se aplican a todos los sindicatos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que la intervención del gremio de los vigiladores privados no fue justificada y no respetó la autonomía que la ley consagra a las organizaciones sindicales.

El conflicto que le sirvió al gobierno macrista como excusa para intervenir el gremio fue una falta de acuerdo con vistas a las elecciones en la Upsra, con asambleas realizadas en dos lugares diferentes para designar a la junta electoral. El propio gremio, ante esta disputa, decidió prorrogar el mandato de las autoridades de ese momento, lo cual, según la Corte, era una medida válida que no daba pie al gobierno para entrometerse en el funcionamiento del sindicato.

Por lo tanto, la consideración de “acefalía” que realizaron Triaca y Sica para disponer la designación de Rodolfo Alonso como “delegado normalizador” en la Upsra fue “ilegal”, argumentó la Corte.

De esa manera, el Supremo contradijo un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que refrendaba la posición de que la Upsra había quedado acéfala, por más que los mecanismos internos del propio gremio se habían utilizado para abordar el conflicto. La Upsra había apelado ese fallo por oponerse al “principio de libertad sindical”, y la Corte le dio la razón.

Los magistrados citaron el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, para reafirmar la potestad de la Upsra para determinar el proceso electivo, señalando que “el sindicato había llevado a cabo dos acciones con el objeto de evitar que el día del vencimiento originario del mandato de las autoridades quedara configurada la situación de acefalía, a saber”: se habían “convocado y llevado a cabo las elecciones para que hubiera autoridades electas”, y se había “decidido en asamblea general, ante la existencia de impugnaciones pendientes de resolución, la prórroga de los mandatos hasta que recayera decisión definitiva”.

Por eso, la Corte dictaminó que hubo un “exceso” del gobierno macrista al decidir la intervención, y la resolución de Trabajo “es nula por haber tenido por configurada una situación de acefalía sin el debido sustento legal”.

De esta manera, Triaca y Sica se exponen a consecuentes denuncias por la ilegalidad de la intervención, y la Corte sienta un precedente para otros gremios que también fueron intervenidos durante el macrismo.

El secretario general de la Upsra, Ángel García, dijo que Triaca “ha tenido gran responsabilidad” en la situación y que “buscaron de mil maneras torcer esto y no han podido”.

“La Justicia se puso de nuestro lado y nos devolvió el gremio. Ahora estamos esperando la otra parte, porque hubo quizás una revancha con la intervención de la obra social”, abundó García (ver nota aparte).

A su vez, el referente de Renovación Nacional en la Upsra, Julio Gutiérrez, consideró que la Corte reivindicó “la autonomía sindical que marcan los Convenios de la OIT” y abogó por “la defensa irrestricta de todos los trabajadores de la seguridad privada en la República Argentina”.

La obra social, aún en disputa

El Gobierno nacional reemplazó hace dos semanas al interventor de la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial e Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip), en una medida que reactivó los roces al interior del gremio.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso por decreto, a fines de marzo, desplazar a Sigifedro Banegas, que había sido designado en septiembre, y poner en su lugar a Jorge Carlos Alonso, quien ya formó parte de intervenciones en otros sindicatos, como el Sindicato de Obreros Marí­timos Unidos -SOMU- (ver nota en página 5).

El revuelo provocado por este cambio quedó en segundo plano con la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal la intervención del sindicato dispuesta durante el macrismo. Pero el secretario general de la Upsra, Ángel García, dijo que “la otra parte” de la lucha, que sigue pendiente, es recuperar también la obra social sindical.