Un grupo de bonistas rechazó la oferta de Axel Kicillof y complica el canje a 4 días de un posible default

Un grupo mayoritario de acreedores de la provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la oferta de reestructuración de deuda que hizo el gobierno de Axel Kicillof. La provincia podría caer en default este lunes si no llega a un acuerdo y no paga U$S110 millones de intereses de un bono.

Un comité de bonistas que afirmaron reunir el 42% de los títulos de deuda bonaerense a reestructurar criticaron duramente la propuesta de pago que, en línea con la oferta nacional, busca un plazo de gracia de tres años y una quita de intereses.

Los acreedores afirmaron que la propuesta de Kicillof fue “unilateral” y que es “irrazonable” para la posición financiera que tiene la provincia. Además, reclamaron que en las últimas semanas no hubo “diálogo de buena fe”.

El Ejecutivo bonaerense salió a responder en las últimas horas a los acreedores. “La alternativa que presentó (el comité) lamentablemente no pudo ser considerada viable por la ausencia de un alivio significativo de la deuda. Es más, para ciertos bonos la deuda terminaría incluso resultando más cara”, disparó el Ministerio de Economía y Finanzas.

La tenencia de bonos de la provincia que tiene este grupo de acreedores constituye una posición “bloqueadora” de acuerdos. Al igual que la Nación, Buenos Aires necesita conseguir distintas mayorías entre los bonistas para poder llevar adelante el canje de títulos viejos por los nuevos que ofrece en la reestructuración.

En el caso de los bonos bonaerenses, necesita el respaldo de entre el 66% y 75% de los títulos públicos para conseguir la aceptación de la oferta. Si superara esos porcentajes de aval, la propuesta se “derrama” automáticamente sobre el resto de los acreedores que la rechazaron.

La cuenta regresiva antes del default es más corta para Buenos Aires, en comparación con la Nación. Si el lunes 11 la provincia no llega a un acuerdo y no paga U$S110 millones de intereses de un bono -que vencieron originalmente el 1° de mayo-, entraría en cesación de pagos.

El Estado nacional tiene hasta el 22 de mayo como plazo antes de que tenga lugar un evento de impago. Si bien la oferta de reestructuración tiene vigencia hasta este viernes, hay una ventana de negociación posible durante otras dos semanas.