Un juez opinó que el Gobierno porteño solo debe testear los geriátricos en caso de “sospechas concretas”

Una residencia para mayores de Villa Urquiza presentó un amparo ante la Justicia para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga test rápidos de coronavirus a todos los internos y a su personal, tras la proliferación de casos en geriátricos. El juez interviniente, Pablo Ferrer, decidió que únicamente debían hacerse en caso de “sospechas concretas”, para proteger los recursos públicos.

El apoderado de Residencia del Arce, de la avenida Roosevelt 5570 solicitó al juzgado 23 en lo contencioso administrativo y tributario a cargo de Ferrera que “ordene al Gobierno de la Ciudad suministrar, con carácter urgente y en forma semanal, 96 test rápidos PCR, a fin de prevenir de manera temprana cualquier foco infeccioso dentro de la institución”. El geriátrico tiene 45 residentes y 51 empleados.

Aclaró que “no es un establecimiento sanatorial, sino que se encuentra destinado al alojamiento, alimentación, actividades de prevención y recreación, con un control médico periódico”.

Informó que “al momento de iniciarse la presente acción, en el establecimiento no se registran casos de COVID-19”.

El gobierno de la Ciudad contestó que era responsabilidad del establecimiento seguir los protocolos y proveer a su personal de los Equipos de Protección Individual. Argumentó además que “para impedir la propagación y contagio de dicha enfermedad no es necesaria la realización semanal de los ‘test rápidos’ reclamados, sino el cumplimiento debido de las medidas profilácticas establecidas”.

El Ejecutivo porteño agregó que “la pretensión (…) no sólo excede lo establecido en los protocolos vigentes sino que, de prosperar, generaría problemas en la ejecución de las políticas públicas de mitigación y prevención de dicha pandemia, puntualizando que sus características y la escasez mundial de insumos básicos (…), hace que se deba ser extremadamente cuidadosos con dichos elementos por la ausencia de ‘oferta’ suficiente a nivel planetario”. La parte actora es una explotación comercial, no una entidad benéfica o sin fines de lucro, aseguraron las autoridades locales.

Ferrer, ordenó que el gobierno porteño prove  los test solamente en caso de sospechas de contagio de COVID-19, para proteger las arcas de la ciudad. “Conceder al hogar actor una medida cautelar en los términos en que fue solicitada, implicaría incurrir en tratos desiguales frente a instituciones que a priori se encuentran en iguales condiciones para adquirir por sí mismos insumos como son los test para COVID-19, para realizar pruebas que (…), no resultan estrictamente necesarias sin la presencia de sospechas fundadas de contagios (…), empleando recursos públicos que, (…) deben ser administrados con extrema prudencia”.

Hasta el momento, no se han registrado en la residencia de Villa Urquiza síntomas compatibles con infección con coronavirus, si bien hubo internos con neumonía, sin relación con la pandemia de COVID-19.