Una denuncia podría frenar la llegada de Lorena Villaverde al Senado

Lo que hasta hace pocos días se presentaba como un trámite institucional sin sobresaltos, comenzó a adquirir otras dimensiones con la aparición de una denuncia en los tribunales federales. La llegada de Lorena Villaverde al Senado, prevista para el 10 de diciembre, quedó sujeta ahora a los tiempos de Comodoro Py. El pedido judicial busca investigar el financiamiento de la campaña electoral y solicita suspender la jura hasta que se verifique el origen de los fondos utilizados. En el expediente aparecen mencionados Fred Machado y Claudio Cicarelli, figuras con participación en el armado libertario en Río Negro.

La presentación fue realizada por Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, una organización que se define como dedicada a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En su escrito, Sarwer sostiene que existen indicios suficientes para que se analice la trazabilidad de los recursos económicos que financiaron la campaña. No se cuestiona el resultado electoral ni los votos, sino el circuito de financiamiento que permitió las actividades proselitistas.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal Nº 5 e invoca los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional, que habilitan la intervención judicial cuando está en juego la transparencia institucional. La denuncia menciona posibles delitos de lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento agravado, y pide obtener registros bancarios, contratos de pauta, acuerdos con consultoras y aportes privados.

En ese marco aparecen los nombres de Machado y Claudio Cicarelli. Machado, ya fue extraditado el 5 de diciembre a los Estados Unidos, es señalado en el escrito como posible articulador de operaciones de triangulación financiera. Cicarelli, por su parte, es vinculado con Lorena Villaverde como su pareja y a estructuras societarias presuntamente utilizadas en movimientos de capital con la explotación de minas de arenas silíceas que involucran al Gobierno rionegrino que encabeza Alberto Weretilneck por otorgarle los permisos. No existen por ahora imputaciones formales, pero la sola mención de ambos actores reconfigura la lectura política de la situación.

El impacto podría no limitarse al proceso de asunción. Si la causa se abre antes de la ceremonia, la Justicia podría solicitar postergar la jura de Villaverde. La banca no quedaría vacante: por ley, correspondería cubrirla con el siguiente nombre en la lista, el dirigente cipoleño Enzo Fulone.

Mientras tanto, puertas adentro de La Libertad Avanza en Río Negro, la denuncia encuentra un escenario ya atravesado por tensiones. La semana pasada se conoció públicamente la decisión del responsable financiero de la alianza libertaria provincial, Roberto Zgaib, de no autorizar el pago de una factura por alrededor de 70 millones de pesos. Según Zgaib, los trabajos invocados no coincidían con lo efectivamente realizado, y la documentación presentada presentaba inconsistencias.

La factura había sido impulsada por referentes de La Libertad Avanza a nivel provincial y tenía como destinatario a Abelardo Calfín, identificado como funcionario de ANSES y afiliado libertario. La situación derivó en reclamos cruzados, versiones contradictorias y el pedido de Zgaib de postergar el pago hasta después de las elecciones. Finalmente, los comprobantes fueron dados de baja, junto con otras facturas que también habían sido observadas.

La controversia profundizó la disputa interna. Zgaib sostuvo que recibió tres explicaciones diferentes para justificar el pago: que la orden venía de Buenos Aires, que se trataba de reintegrar gastos ya realizados y que la documentación era correcta y estaba certificada. La falta de una versión unificada generó desconfianza y expuso desacuerdos dentro de la conducción libertaria provincial.

El episodio no es aislado. Desde el cierre de listas, La Libertad Avanza en Río Negro suma muchos hechos polémicos, recordemos que Villaverde fue acusada y detenida por tenencia de cocaina en los Estados Unidos y a todo esto se le suma la dudosa financiación de la campaña electoral que ella encabezó en Río Negro con sospechas de que Fred Machado la pudo haber financiado a través de su primo Claudio Cicarelli. La denuncia en Comodoro Py, sumada a la controversia por la factura millonaria, coloca a la coalición en un escenario de fragilidad no solo en el Congreso, sino de cara al 2027 si villaverde intenta ser candidata a Gobernadora o que la Libertad Avanza provincial intente generar una alianza con el oficialismo provincial de Alberto Weretilneck.

Si la Justicia interviene antes del 10 de diciembre, la asunción puede alterarse. Si lo hace después, la investigación seguirá con Villaverde ya como senadora en funciones. En ambos casos, el proceso abre interrogantes en torno al financiamiento de campaña y a la cohesión interna de La Libertad Avanza en la provincia.