Yerbateros misioneros se movilizan ante la visita del presidente

Los productores yerbateros de Misiones preparan una movilización hacia Puerto Iguazú, donde este viernes el presidente Javier Milei cerrará la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El reclamo apunta a la política de desregulación aplicada por el Gobierno y, en particular, a la restitución de las facultades que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdió a partir del DNU 70/2023. Sin regulación, el precio que reciben los productores no alcanza para cubrir los costos. El gobierno provincial analiza restituir un “precio sostén”.

La caravana partirá desde la localidad de Andresito y buscará acercarse al hotel donde se desarrollará el encuentro empresario. Los productores pretenden entregarle al Presidente un documento con sus reclamos y exponer una situación que, aseguran, se agravó desde que dejó de existir un precio de referencia para la materia prima. Según el dirigente Jorge Skripczuk, la hoja verde actualmente se paga entre 250 y 300 pesos por kilo, mientras los costos de producción rondan los 500 pesos.

Según explicó, en 2023 “el kilo de hoja verde puesta en secadero tenía un valor de 210 pesos. Por ese entonces al cosechero se le pagaba 15.000 por tonelada, otros 11.000 se abonaba por corresponsabilidad gremial (aportes de los trabajadores) y teníamos un gasoil que valía 380 pesos el litro. Ahora el valor de la yerba oscila entre 250 y 300 pesos, pero el costo de la cosecha se elevó a 79.000 por tonelada, la corresponsabilidad pasó a 44.000 y el gasoil se compra a 2.300 pesos por litro”.

Skripczuk afirmó que el INYM “tuvo aciertos y errores pero funcionaba”, en cambio remarcó que “hoy los productores estamos a la deriva”.

Este conflicto encuentra, al mismo tiempo, una respuesta en la provincia. El oficialismo misionero avanzó con un proyecto presentado en la Legislatura que propone establecer un Precio Mínimo Sostén (PMS) obligatorio para la hoja verde. La iniciativa fue impulsada por pequeños productores y cuenta con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua, que busca recuperar desde la esfera provincial una herramienta de regulación que la Nación dejó de aplicar.

El proyecto tiene como destinatarios a los productores de hasta 50 hectáreas y establece que ninguna empresa o persona podrá comprar la materia prima por debajo del precio fijado por la provincia. Las partes podrán acordar un valor superior, pero no perforar ese piso. El Estado misionero tendrá además facultades de fiscalización y podrá revisar documentación comercial y movimientos bancarios de los compradores. Si detecta operaciones por debajo del mínimo, podrá exigir el pago de la diferencia y aplicar sanciones.

La iniciativa marca un giro respecto de la política nacional y se inscribe en un proceso de creciente autonomía de Passalacqua frente a la Casa Rosada. El gobernador acompañó iniciativas del oficialismo en el Congreso, pero también sostiene diferencias y busca marcar posiciones propias. A esa mayor independencia en el plano nacional se suma la ruptura con quien fuera su jefe político, el exgobernador Carlos Rovira, de quien comenzó a tomar distancia para construir un liderazgo propio.

Impulsado por Javier Milei, el DNU 70/2023 implicó que el precio de la hoja verde quede librado a la negociación entre productores e industria, mientras el INYM perdió su capacidad para establecer valores de referencia. Hacia 2025, el organismo había quedado vaciado. Pero su rol es relevante porque la cadena yerbatera presenta una estructura particularmente desigual.

La producción primaria está atomizada entre miles de pequeños productores, mientras la industria molinera y fraccionadora se encuentra mucho más concentrada. En 2024, un relevamiento del CEPA contabilizaba unos 12.000 productores primarios, 228 establecimientos de secado y 105 industrias molineras y fraccionadoras. Las diez principales empresas concentraban el 72,7 por ciento del mercado y las tres primeras explicaban el 41 por ciento.

En ese esquema, el INYM funcionaba como una instancia de negociación y regulación entre los distintos eslabones. Su intervención permitía establecer un precio de referencia que permitiera cubrir los costos de los productores. Con su vaciamiento, la capacidad de negociación quedó más inclinada hacia el eslabón industrial más concentrado.

Ahora, los productores preparan un tractorazo para reclamarle al Gobierno nacional que restituya al INYM sus facultades, mientras la provincia avanza con un mecanismo propio para garantizar un precio mínimo.