JUICIO

Condenaron a 14 y 10 años a los culpables por la muerte de Tahiel Contreras

El niño de seis años murió al ser atropellado el 13 de septiembre del 2020 en una picada ilegal.

El Tribunal en lo Criminal N°4 de La Matanza condenó hoy Nahuel Agustín Olivera a 14 años de prisión y Alexis Leonel Escribanti a 10 años de prisión por el "homicidio simple con dolo" de Tahiel Contreras, el niño de seis años que murió al ser atropellado el 13 de septiembre del 2020 en ese partido bonaerense producto de una picada ilegal, según el veredicto dado a conocer este viernes.

"Está probada la existencia de los hechos, está probada la participación de los procesados en los mismos (...) atento el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión el tribunal por unanimidad resuelve dictar veredicto condenatorio en relación a Nahuel Agustín Olivera y Alexis Leonel Escribanti (...) en relación a los eventos por los cuales perdió la vida Tahiel Luciano Contreras y la integridad física de Luciano Guillermo Contreras y Noelia Abigaíl Díaz -padres del niño-", detalló un representante del tribunal conformado por los jueces Nicolás Grappasonno, Gerardo Clemente Gayol y Franco Fiumara durante la lectura del veredicto que se realizó mediante videoconferencia.

"Imponer a Nahuel Agustín Olivera la pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial conducir cualquier tipo de vehículos por seis años (...) por resultar coautor penalmente responsable de prueba ilegal de velocidad en concurso real con homicidio simple en concurso ideal con lesiones leves reiteradas", completó.

En el caso de Escribanti, el tribunal impuso la pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo por seis años, por resultar coautor penalmente responsable de los mismos delitos.

Durante esta tarde, el tribunal comunicará la sentencia completa y los fundamentos.

Olivera, panadero de 24 años, oriundo de Gregorio de Laferrere, y Escribanti técnico radiólogo de 26 años, oriundo Villa Luzuriaga, se conocían desde el colegio, frecuentaban el "picódromo", y a raíz del hecho, llegaron a esta instancia judicial con prisión efectiva.

El delito sucedió durante la pandemia de coronavirus, el 13 de septiembre de 2020 pasadas las 16 en la intersección de la Ruta Provincial N° 21 y la arteria Soldado Sosa de la localidad de Laferrere, zona "densamente poblada".

La jornada del juicio oral y público fue realizada el lunes pasado en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza.

En los alegatos, desde la querella habían solicitado 28 años de prisión para los acusados y desde la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, 20 años de prisión y seis años de inhabilitación para conducir desde el momento que recuperen su libertad.

Según la investigación de la fiscalía, Escribanti iba a bordo de un Volkswagen modelo Vento y Olivera a bordo de un Chevrolet modelo Corsa, cuando "decidieron" realizar una picada ilegal, circulando por la ruta a una velocidad "superlativa", eludiendo a otros autos y "creando una situación de peligro para la vida o integridad física de las personas que transitaban por la vía pública".

Al perder el control de los rodados, el Corsa impactó contra un tercer vehículo que circulaba en forma reglamentaria por el carril lento (el auto Fox), y fue desplazado hacia la vereda, lugar donde fueron embestidos Luciano Guillermo Contreras, Noelia Abigail Díaz y Tahiel, que esperaban para cruzar para ir a tomar un helado y luego "darle la sorpresa de ir a la plaza -en el marco del aislamiento por la pandemia-", explicó a Télam la madre del niño fallecido.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) colaboró con la Justicia durante el proceso bajo la figura de "amicus curiae" (amigos del tribunal) y asistió a la familia desde el primer momento.

En octubre de 2020, presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley Tahiel-Kevin (en homenaje al hijo de Viviam Perrone), que espera por su avance parlamentario y busca crear la figura de "homicidio vial" equiparándola a la de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para quien provoque una muerte corriendo picadas ilegales, precisaron, entre otros puntos claves.

El proyecto fue vuelto a presentar en mayo de 2022 para que no pierda estado parlamentario.