EN TUCUMÁN

Detienen a delegado comunal acusado de liderar una banda de secuestradores

Cinco personas fueron detenidas en total por un doble secuestro extorsivo que tuvo como víctimas a dos hermanastros, hijos del dueño de un reconocido corralón, y a un chofer, por el que pidieron $9 millones de un rescate que finalmente no se pagó.

Un delegado comunal de la localidad tucumana de Villa Medinas fue detenido acusado de ser el jefe de una banda criminal que en diciembre pasado cometió un doble secuestro extorsivo que tuvo como víctimas a dos hermanastros, hijos de un reconocido comerciante local, y a un chofer, por el que pidieron nueve millones de pesos de un rescate que finalmente no se pagó, informaron fuentes policiales.

Se trata de Diego Víctor Figueroa, recientemente reelecto como delegado en la mencionada localidad que pertenece al departamento Chicligasta.

En los allanamientos realizados por detectives del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), en total son cinco las personas detenidas, ya que además de Figueroa, arrestaron a uno de sus hijos y otros tres hombres más.

Los procedimientos fueron realizados con la cooperación de la Agencia Regional Tucumán de la PFA en las vecinas localidades de Medinas y La Trinidad, ubicadas a unos 95 kilómetros de la capital provincial.

La clave de la investigación, que a nivel judicial estuvo encabezada por el fiscal federal de Tucumán Agustín Chit y su secretaria Julia Vitar, estuvo en que la banda se quedó con el teléfono celular que le robó a una de las víctimas y en la actualidad lo seguía usando con otra tarjeta SIM.

El hecho que se les imputa ocurrió el 22 de diciembre del año pasado, cuando dos hermanastros de 18 y 20 años, identificados solo por sus iniciales como "VG" y "FF", oriundos de la localidad tucumana de Aguilares, e hijos de un reconocido comerciante dueño de un corralón, tomaron un remís conducido por "JO", de 50 años, para dirigirse a la vecina ciudad de Alberti.

Las fuentes explicaron que supuestamente allí se encontrarían con una mujer, que les abonaría la compra de materiales de construcción, aunque ahora se cree que en realidad esa transacción era una farsa y fue utilizada como "anzuelo".

Cuando llegaron al lugar pactado, nunca apareció la supuesta compradora, y arribó un auto oscuro, de donde bajaron varios hombres armados, quienes redujeron a los dos hermanastros y al chofer del remís, mediante golpes de puño y amenazas.

De esa forma y luego de circular por distintas calles por el término de varios minutos, fueron encerrados por la fuerza en un galpón.

Momentos después, el padre de los hermanastros capturados recibió llamados extorsivos por parte de los secuestradores en los que le pidieron la suma de nueve millones de pesos para liberar a las víctimas.

El pago del rescate nunca llegó a concretarse y el mismo día de la captura, alrededor de las 18, las tres víctimas fueron liberadas.

La denuncia había sido realizada a las 14 por la madre de una de las víctimas, momento desde el cual se le dio intervención a la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, a cargo de Chit, quien puso a trabajar a los especialistas del Departamento Antisecuestros Norte de la PFA.

Las fuentes explicaron que las diligencias investigativas realizadas por los detectives, con apoyo de los federales locales, y en especial a partir del error de que la banda se quedó y siguió utilizando uno de los celulares robados a una de las víctimas, permitieron identificar a todos y cada uno de los participantes en el hecho.

Ese celular fue uno de los elementos secuestrados por la policía en los allanamientos, además de dos armas de fuego, dinero en efectivo e incluso un machete, que tenía uno de los detenidos cuando intentó escapar de los federales ocultándose en un cañaveral.

Los cinco imputados quedaron detenidos a disposición de la fiscalía federal, y serán indagados en las próximas horas por "secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas", delito que el artículo 170 del Código Penal castiga con una pena de 10 a 25 años de prisión.

Los voceros agregaron que la investigación aún continúa para identificar a la mujer que engañó a las víctimas con la falsa compra de materiales como carnada.