El preso que entró armado al tribunal quedó acusado por "intento de fuga"

La Justicia de Mendoza resolvió imputar por el delito de intento de fuga y no por la tentativa de homicidio de una fiscal al preso que la semana pasada ingresó con un arma casera a una sala de audiencias del Polo Judicial de la capital provincial, al recalificar la causa luego de analizar las imágenes del episodio tomadas por una cámara de seguridad, informaron fuentes judiciales.

La nueva imputación fue realizada por la fiscal mendocina Andrea Lazo, quien cambió la calificación de la causa en la que está imputado el recluso Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33) a "evasión en grado de tentativa".

Inicialmente, el caso había sido calificado como "homicidio simple en grado de tentativa" en perjuicio de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, ya que, según se informó el día del hecho, el preso se había abalanzado sobre ella con intenciones de asesinarla, versión que quedó desestimada con las imágenes.

En tanto, Arredondo Suárez sigue acusado por un segundo hecho cometido ese mismo día, que son las "lesiones leves" provocadas a una pasante que presenciaba el debate, a quien intentó tomar como escudo y lastimó en el cuello en un pasillo contiguo a la sala de audiencias, secuencia que según las fuentes quedó también filmada, aunque esas imágenes no fueron difundidas.

El video que desestimó la hipótesis del ataque contra la fiscal Ríos fue difundido por el diario El Sol y en él se advierten diferencias con el relato de lo ocurrido dado el mismo día del hecho, el 15 de septiembre pasado, por distintas fuentes oficiales.

Tras ello, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza emitió el miércoles un comunicado en el que aclaraba que "la calificación legal del hecho podría variar como en cualquier proceso", lo que finalmente ocurrió este jueves.

Los antecedentes de Arredondo Suárez

Además de la causa por "evasión en grado de tentativa y lesiones leves", Arredondo Suárez tiene en su haber con una condena a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, y con otra de 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.

Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.

Investigan la responsabilidad de los penitenciarios

La fiscal Lazo investiga por otra parte la actuación de los penitenciarios que custodiaron y trasladaron a Arredondo Suárez que, aunque por el momento no tiene a ningún imputado formal, sino que solo hay guardiacárceles identificados.

"La causa que investiga la responsabilidad de los agentes penitenciarios está en plena incorporación de pruebas que fueron solicitados por la fiscal Lazo. No hay imputados", confirmó a Télam una fuente con acceso al expediente judicial.

El miércoles, Marcelo Puertas, a cargo de la Inspección General de Justicia, informó que los ocho guardiacárceles investigados internamente por su actuación en el marco de ese episodio fueron reasignados a distintas tareas dentro del Servicio Penitenciario, aunque se sigue investigando cómo el preso ingresó armado a la sede judicial.

"En qué momento este preso accedió al lugar con ese elemento corto punzante todavía no se sabe, pero sí que hubo fallas en las requisas", dijo Puertas.

Según explicó, los ocho guardias -que habían sido pasados a disponibilidad preventiva tras el hecho- "deberían haber realizado tres requisas y, en principio, no está comprobado que se hayan realizado las tres, ya que no hay pruebas en las cámaras" de ello.