El Servicio Penitenciario Bonaerense prepara un protocolo para que vuelvan las visitas a las cárceles

Tras siete meses de completo aislamiento de los presos por la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires aseguró este lunes que está armando un protocolo sanitario para hacer posible el regreso de las visitas familiares a las cárceles.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que depende de la cartera que encabeza Julio Alak, confirmaron que avanzan en esa línea de trabajo luego de que internos de la Unidad 42 de Florencio Varela se amotinaron el mismo lunes durante varias horas para visibilizar su reclamo.

“Queremos visitas de nuestras familias. Está todo ‘empalomado’ acá. Estamos todos los pibes acá afuera y vamos a ir por todo”, amenazaban los presos en el video que acompaña la nota.

Los reclusos, que mostraban sus cuchillos terminaron con la medida de protesta cuando el fiscal de turno Christian Granados, del Departamento Judicial de Quilmes, intervino en el conflicto, dialogó con ellos y les adelantó que tanto el ministro de Justicia bonaerense Alak como el jefe del SPB Xavier Areses estaban diseñando justamente un protocolo para que pudieran rehabilitar las visitas familiares en todas las unidades. Este es un elemento clave no solo desde lo afectivo sino también desde lo material: los familiares llevan comida, ropa, cigarrillos y elementos de higiene personal a los internos. 
 
Desde el SPB consideraron que no se trató de un motín sino de un hecho menor: los presos solamente cerraron el pabellón para protestar y grabar videos. Como sea, el 18 de octubre se produjeron situaciones similares en la comisaría cuarta de Florencio Varela en Bosques y en la quinta de La Capilla, en las que exigieron los traslados por el hacinamiento en las dependencias policiales. En la seccional cuarta llegaron a tomar a un oficial como rehén, al que amenazaron con cuchillos aunque luego lo liberaron.

La suspensión de las visitas familiares comenzó el 18 de marzo, pocos días antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuando los presos estuvieron de acuerdo en la medida para no exponerse ellos ni sus seres queridos.

En aquel momento, 27.080 personas, de un total de 43.660 presos en unidades dependientes del SPB, se sumaron a la campaña de prevención del coronavirus, que incluyó el cese de las visitas familiares hasta nuevo aviso, que se extendió hasta ahora. El resto optó por una medida intermedia, que fue acotar las mismas a únicamente familiares directos solamente de lunes a viernes.

Con el paso de las semanas y la detección de casos de contagios no solo entre internos sino también entre penitenciarios, las restricciones fueron cada vez mayores, dentro de un sistema penitenciario de por sí en estado de emergencia, como decretó el gobernador Axel Kicillof al asumir el 10 de diciembre de 2019.

Ahora, el ministro de Justicia bonaerense y el jefe del SPB buscan presentar cuanto antes el procotolo sanitario para que los presos puedan reencontrarse con sus familias.