ESTAFADORES

"La banda del call center” integrada por presos que estafaban a beneficiarios del IFE fue desbaratada

Recaudaron cerca de 18 millones de pesos. Las personas detenidas, 14 hombres y cuatro mujeres, quedaron imputadas por asociación ilícita y estafas reiteradas.

Una banda que estafaba vía telefónica a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue desbaratada en las últimas horas. La organización delictiva operaba desde hace seis meses en un pabellón del penal cordobés de Bouwer, donde nueve presos tenían instalado un “call center”, a través distintos chips de teléfonos celulares, con los que engañaban a las víctimas para notificarlos que habían sido favorecidos por el ANSES para cobrar el IFE.

Los integrantes de la organización delictiva simulaban ser empleados del ANSES. A través del engaño telefónico, lograba sacarle a las víctimas información de sus cuentas bancarias y sus códigos personales para luego quitarles dinero y, en algunos casos, solicitar préstamos personales. Se presume que la banda logró embolsar alrededor de 18 millones de pesos.

La Justicia bonaerense, en colaboración con la policía de Córdoba, lograron intervenir los números telefónicos donde se realizaban las llamadas y así quedaron registradas las conversaciones desde la cárcel. La organización también tenía miembros fuera del penal y en la provincia de Buenos Aires que recolectaba el dinero sustraído en los cajeros automáticos. 
 
El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, tiene acreditado que se hicieron desde la cárcel alrededor de 6000 llamadas telefónicas y el valor promedio de cada estafa concretada oscila entre los 30.000 y 50.000 mil pesos. Solamente en la zona norte del Conurbano bonaerense hay 70 víctimas que denunciaron su caso en la Fiscalía de San Isidro. Las personas detenidas, 14 hombres y cuatro mujeres, quedaron imputadas por asociación ilícita y estafas reiteradas.

Tras la denuncia de 70 damnificados en la zona norte del conurbano, más precisamente en las localidades de San Isidro, San Fernando, Pilar y Tigre, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, ordenó comenzar con la investigación y puso al frente de ella a su adjunto, el fiscal Ferrari. “Si bien la investigación se centró en casos ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense, la banda operaba a lo largo y ancho del país”, dijo una fuente vinculada a la investigación.

“La mayoría de las denuncias aquí acumuladas, exhiben víctimas humildes, mujeres y hombres de trabajo que viven al día. Personas mayores e inexpertas en el manejo de nuevas tecnologías, con cuentas bancarias que utilizan para cobrar los sueldos o jubilaciones que escasamente les alcanza para vivir, y, es en ese contexto que fueron tentados por la posibilidad de un subsidio, asignación, IFE, gratificación o premio semejante, convirtiéndose en presa fácil para los miembros del clan criminal investigado”, explicó el informante.

Una vez finalizada la investigación, tras cuatro meses de cruzamientos de llamados e información, el juez de Garantías 7 de Pilar, Water Seattone, avaló el pedido del fiscal Ferrari para realizar 44 allanamientos en las celdas de la cárcel de Bouwer y en los domicilios particulares de los acusados. Así operaba la Banda.