Las pruebas que presentó la familia de Lolo Regueiro para pedir las detenciones

Claudia Alejandra Nievas, esposa de César “Lolo” Regueiro, se presentó con la causa como particular damnificada y en las últimas horas le solicitó al juez de Garantías, Agustín Crispo, la detención de los acusados por la muerte de su esposo, además del cambio de calificación legal.

En su presentación Matías Pablo Vidal, abogado de la familia de la víctima, pidió que sean arrestados Gabriel Pellegrino, Juan Manuel Gorbarán, Sebastián Alejandro Perea y Eduardo Ricardo Aparicio. Si bien el único que tiene competencia jurídica para requerir medidas de coerción es el fiscal, en este caso el profesional le solicitó al magistrado que le corra traslado del escrito a Juan Menucci.

En este sentido, el letrado instó que se amplíe la imputación a “los responsables del hecho a los integrantes de la Comisión Directiva del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata con mandato vigente a la fecha del hecho delictuoso” en horas de la noche del día 6 de octubre del año 2022. A raíz de la cantidad de gente que intentaba ingresar a la cancha, la policía reprimió a los hinchas, por lo cual hubo cientos de heridos y un fallecido.

Los roles

“Quien ostentaba legalmente el carácter de organizador -representante del Club de Gimnasia- violando las imposiciones legales, al menos sentó las bases para que concurra una gran cantidad de personas al estadio mayor al aforo permitido, realizando o favoreciendo una emisión descontrolada de entradas”, contó el abogado.

Por su parte, Aparicio “elevó el peligro por encima de los umbrales permitidos en lo concerniente a calificar el riesgo del encuentro, permitir el desarrollo de éste en un estadio que no permitía las garantías de seguridad para un partido de esas características en horario nocturno y con los intereses en juego sin arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar la integridad física de todos los que allí concurrieron”, reseñó el profesional.

Asimismo, “el supervisor y el jefe policial del operativo tampoco cumplieron con sus obligaciones legales, ya que permitieron todo lo anterior o, cuanto menos, omitieron controlarlo o impedirlo; consensuando que se utilice una cantidad de personal policial menor al necesario para mantener la seguridad sin tomar en consideración, junto al secretario Ejecutivo del Aprevide, todas las variables del encuentro; y una vez comenzado los disturbios, (ambos) omitieron tomar los temperamentos necesarios para evitar la escalada de violencia”, sostuvo Vidal.

Para el abogado, esas conductas deben encuadrarse bajo la figura de “estrago doloso calificado por ser el hecho la causa inmediata de la muerte de una persona”. En este marco, el letrado aclaró que “los sindicados conocían el riesgo y sus implicancias”.