Mendoza: Comienza hoy el segundo juicio por abusos en el Próvolo

Con nueve imputadas, el segundo juicio por los abusos sexuales contra chicos hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza comenzará este lunes. Debido a la pandemia de coronavirus, el debate se desarrollará de manera semipresencial.

Se trata del segundo juicio, luego de que, a fines de noviembre de 2019, el sacerdote Horacio Hugo Corbacho fue condenado a 45 años de cárcel, el cura italiano Nicola Corradi, de 83 años, recibió una pena de 42 años y el exempleado Armando Gómez, 18 años.

Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas por delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión.

“Mañana es una especie de portal para nosotros: a los recuerdos, al horror, a la enorme tristeza que todo lo invade, a lo que no fue en sueños de un futuro con más posibilidades”, expresó Érica Labeguerie, familiar de una sobreviviente del instituto de Mendoza y parte del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo.

Afirmó que se encuentran “expectantes” ya que, al igual que en 2019, conservan la esperanza de que también se abre una puerta “hacia la justicia, la restitución de derechos, los abrazos y amor que esta lucha no ha escatimado”.

Por último, expresó que esperan que las condenas “estén a la altura de las circunstancias”. “Queremos que las imputadas vayan presas porque todas ellas, por acción u omisión, permitieron que nuestros familiares atravesaran el horror y posibilitaron que los abusos, torturas e indescriptibles aberraciones se cometieran”.

La monja japonesa Kumiko Kosaka (46), acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto está en libertad.

Completan la lista de imputadas la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las exdirectoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.

“Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, manifestó a la agencia Télam Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de la organización de Derechos Humanos Xumek.

Esta previsto que el juicio inicie este lunes a las 08:00 y en total, solo podrán estar presentes 25 personas dentro de la sala 4 del fuero penal colegiado, debido a las restricciones por la pandemia. Familiares e integrantes del colectivo se reunirán en las puertas a esa hora para reclamar que se haga justicia.

Según detallaron desde el Poder Judicial, en este juicio deberán producirse 52 cámaras Gesell y, luego, ver si, de los planteos que surjan, deben declarar. En un primer momento se fijaron audiencias de debate hasta octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse.

“El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio”, expresaron desde Xumek. “La vulneración a los sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano”, agregaron.

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica.

La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión para Corbacho y Corradi, y al exempleado Gómez, quien recibió 18 años.