Procesaron a las autoridades de un centro de jubilados y a una funcionaria del PAMI

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1 de Morón decretó el procesamiento como coautoras el delito de concusión de las personas que ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero y de un colaborador de un centro de jubilados y pensionados de Gregorio de Laferrere y de una funcionaria del PAMI.

La misma se encargada de la supervisión de la entrega de los bolsones alimenticios que la obra social otorga a los jubilados y pensionados beneficiarios del programa “Promoción del Bienestar de los Mayores” (Pro Bienestar), dado que consideró acreditado todas ellas cobraban de forma indebida para brindar un beneficio que la obra social de los jubilados cubre totalmente.

En la causa interviene la Fiscalía Federal n°1 de Morón. Su origen fue una denuncia presentada en 2019 por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI PAMI), Javier Arzubi Calvo, como resultado de una investigación preliminar.

Las diversas tareas de investigación impulsadas desde la UFI-PAMI -que incluyeron el contacto con otras potenciales víctimas- permitieron constatar que 405 afiliados beneficiarios del programa habrían sido víctimas de la misma modalidad delictiva. De acuerdo con los cálculos de la unidad especializada, en ese momento los denunciados se habrían alzado con un monto aproximado de 170 mil pesos anuales.

Los integrantes del centro de jubilados fueron procesados en calidad de “funcionarios públicos”. El juzgado entendió que, aunque no integraban la planta del PAMI, sus labores respondían a la voluntad estatal en cuanto que el centro de jubilados actuaba como efector comunitario para brindar prestaciones otorgadas por mediante el Programa Pro Bienestar.