Procesaron a seis policías y a dos civiles por los acuartelamientos del 2013

"Siendo las 06:13 horas confirmo que el acuartelamiento sigue muy firme en Mar del Plata (…) si querés sumarte al reclamo, tenés dos lugares, comisaría primera o Caballería”.

El mensaje que Carlos Pampillón publicó en su perfil de Facebook forma parte de una nutrida prueba que el juez federal Santiago Inchausti valoró para el procesamiento por el delito de sedición de dos civiles –Carlos Pampillón y Virginia Sosa- y seis integrantes de la Policía bonaerense: Carlos Turno, Rubén Ferreyra, Leandro René Bonora, Arturo Tobares, Daniel Leonardo Silva y Adriana Noemí Brussolo.

La resolución judicial también dispone el embargo sobre los bienes y dinero de los acusados y acusadas por la suma de cien millones de pesos.

Los hechos que desencadenaron la investigación de la Fiscalía Federal N°2, entonces dirigida por Pablo Larriera y ahora interinamente a cargo de Juan Manuel Portela, con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi, se cometieron el 8 y el 9 de diciembre de 2013.

La protesta armada que involucró al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se congregó en inmediaciones del Escuadrón de Caballería, en la zona de Parque Camet, y en la céntrica comisaría primera, fue acompañada –según tuvo por acreditada el juez federal- por civiles, según surge de declaraciones testimoniales de funcionarios a cargo de las dependencias, mensajes publicados en redes sociales, extractos de llamadas al 911, tareas de investigación de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otras.

Inchausti indicó en la resolución que también está acreditado que el reclamo generó la interrupción de los servicios de seguridad, y además se retuvieron en los puntos de reunión al menos 35 patrulleros, las armas, chalecos antibala y otros elementos de prevención. Como consecuencia de ello, “se produjo una ola de robos bajo la modalidad de saqueos a varios comercios de la ciudad, y también otros delitos a la propiedad privada”.

Uniformados y civiles están acusados como autores penalmente responsables del delito de sedición – alzamiento en armas- que está contemplado en el artículo 229 del Código Penal, en cuanto asumieron “una conducta proactiva dirigida a obtener una concesión del estado provincial y del Ministerio de Seguridad, mediante un levantamiento público de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, provistos del uso de armas de fuego y otros elementos intimidantes”.