Se levantó el desalojo de Constitución y los vecinos se retirarán de forma voluntaria

Momentos de tensión se vivieron en el barrio porteño de Constitución, donde 70 familias se resistieron al desalojo de un edificio ubicado en Solís 1839. El operativo había sido ordenado por la jueza Paula Andrea Castro tras el reclamo del propietario.

"Acordamos con la justicia un lapso de 10 días para que el desalojo no se haga por la fuerza, sino que los vecinos se retiren por su cuenta pacificamente", sostuvieron desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Además, indicaron que el próximo jueves los vecinos se retirarán del domicilio. En este sentido, sostuvieron que harán un relevamiento habitación por habitación para que ningún inquilino quede en situación de calle.

Asimismo, sostuvieron que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad dialogará con el Gobierno, para reubicar a disposición de los vecinos su próximo paradero. Por último, indicaron que la decisión se tomó de forma conjunta con los vecinos que viven en el inmueble.

La orden judicial indicaba retirar a las personas y a los muebles del edificio porque hubo un vencimiento del contrato. Vecinos indicaron que el edificio está tomado hace 20 años. En medio del operativo, la cuadra de Solís 1839, entre avenida Brasil y Pedro Echagüe, se encuentra vallada.

Según uno de los familiares de las personas que vive en el sitio, el edificio funciona como un hotel, por lo que las familias permanecen dentro de sus habitaciones y piden tiempo para encontrar otro lugar donde vivir.

Según las Consejerías de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, aseguran que los habitantes no fueron notificados previamente y no les dan ninguna solución habitacional.

“Mi suegra vive hace 20 años. Tiene su casa armada. Vive gente laburante. No tuvimos previo aviso de desalojo. Todos los meses pagamos alquiler y hay recibo", aseguró Florencia, una de las habitantes.

"Le pagamos a ‘Charly’ que es la segunda mano de José, el dueño. La propiedad no está a nombre de José sino de alguien llamado César”, agregó. Indicó que por una sola habitación su suegra paga entre $15.000 y $20.000 y detalló que viven seis personas en el lugar.

"Si nos dan tiempo, todos van a decidir irse. La gente que está acá afuera no vive acá, solo nos vino a apoyar", agregó y sostuvo que todos en su familia son trabajadores.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Civil N°93 a cargo de la jueza Paula Andrea Castro y en el lugar se encuentra personal de la comisaría vecinal 1°C de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.