Van a juicio exjueces acusados de encubrir secuestros, torturas y desapariciones

El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, solicitó que se juzgue en juicio oral y público a los ex jueces integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Formosa durante la época del terrorismo de Estado, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas un grupo de empleados y empleadas del Poder Judicial de esa provincia durante la última dictadura.

La intervención de Ferrini en el caso como fiscal subrogante en Formosa se da en esta causa luego de una larga serie de excusaciones de magistrados de la región del NEA. El fiscal acusó a los ex jueces en los casos que tuvieron como víctimas a Elsa Alicia Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina, Mirta Leónidas Insfrán y Ricardo Borgne. Todos y todas las víctimas eran empleadas del Poder Judicial formoseño, tenían militancia sindical en la Asociación Judicial de Formosa y fueron secuestradas el 5 de agosto de 1976, salvo Chagra, a quien apresaron un día antes. Insfran y Borgne, pareja, continúan desaparecido y desaparecida, mientras que el resto recuperó la libertad en diferentes momentos.

Una segunda serie de secuestros de miembros del Poder Judicial de esa provincia -que no forman parte del objeto de este proceso, pero que la fiscalía refirió para contrastar la acción tomada por el TSJ- fue en junio de 2017. Fueron detenidos ilegalmente esa fecha los jueces Héctor Tievas y Timoteo Alvarinho, junto a cinco empleadas y empleados.

"El temperamento adoptado por los magistrados [imputados] fue distinto en cada uno de estos períodos y diferenciado en cuanto a quienes, aun siendo privados ilegalmente de su libertad, luego fueron reconocidos como 'subversivos' [es decir, reconocidas sus detenciones y registrados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional], lo que equivalía a no perder la vida, y los que no tuvieron ese privilegio, permaneciendo hasta la fecha como desaparecidos", señaló Ferrini.

En efecto, los ahora imputados oportunamente cuestionaron en 1977 que las autoridades militares no respetaran la inmunidad de arresto de los jueces víctima, pero no expresaron nada respecto de los empleados, a quienes luego suspendieron transitoriamente, con la excepción de una víctima, sobre quien las autoridades militares indicaron expresamente que podía continuar cumpliendo funciones.